Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este domingo a la Fiscalía General de la República (FGR) que dé a conocer las 83 órdenes de aprehensión libradas por el caso Ayotzinapa, que detalle en contra de quiénes se giraron, qué delito se les imputa y el número de identificación.
El Comisionado Adrián Alcalá Méndez señaló que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos“, de Ayotzinapa, es uno de los eventos de la última década que ha indignado y consternado a la sociedad mexicana, por lo que se debe garantizar el acceso a la información.
“A casi 10 años de lo ocurrido, de este lamentable evento, las investigaciones siguen en curso, y sobre éstas, existe la responsabilidad y el deber de garantizar el derecho humano a la información, ya que este derecho, estoy convencido, es una herramienta que abonará de manera efectiva a la garantía de los derechos de acceso a la justicia, a la memoria y a la verdad”, dijo el Comisionado en un comunicado.
El INAI aclaró que el revelar los nombres de los presuntos responsables e imputados, los colocaría en una posición de riesgo, sin embargo, consideró que “la información es de interés público y se relaciona con actos calificados como violaciones graves a los derechos humanos, por lo que es aplicable la excepción a la reserva prevista en el Artículo 112, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia”.
Además de la instrucción de informar sobre las 83 órdenes de aprehensión, el INAI precisó que una persona solicitó a la FGR datos sobre las otras 21 órdenes de las que presuntamente se desistieron los Ministerios Públicos, en el contexto de la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso de Ayotzinapa.
La FGR respondió no haber solicitado órdenes de aprehensión y tampoco haberse desistido de ninguna, motivo por el cual la persona solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI.
Tras una revisión, el INAI afirmó que constató que la FGR atendió el requerimiento al consultar a todas sus unidades administrativas competentes.
LAS 83 ÓRDENES DE APREHENSIÓN
El pasado 19 de agosto de 2022, el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las órdenes de aprehensión involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Todos ellos estarían vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
DETENCIÓN DEL EXPROCURADOR MURILLO KARAM
El mismo 19 de agosto de 2022, la FGR detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México hace ocho años.
Murillo Karam estuvo a cargo de investigar uno de los crímenes que más ha conmocionado dentro y fuera de México. Fue quien calificó como “verdad histórica” una versión de los hechos que decía que los 43 jóvenes fueron quemados en una gran hoguera encendida en un basurero, una explicación que después un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra.
Fue Procurador de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad de la administración de Enrique Peña Nieto. Cinco meses después de la desaparición de los estudiantes dejó el cargo tras haberse convertido en una de las personas más odiadas por los padres de los 43 alumnos. En una ocasión, llegó a detener una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.
Un día antes, la Comisión de la Verdad, creada para investigar el caso de los estudiantes desaparecidos, expuso en un informe que se había tratado de un “crimen de Estado”.
La Comisión consideró probado que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del Gobierno”, donde se alteraron escenas del crimen y se ocultaron no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
