Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) afirma que alrededor de unos 2 mil 175 personas podrían quedar sin empleo, el cual sería uno de los impactos de la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por medio de un comunicado de prensa sobre las implicaciones de la reforma en materia electoral, el INE apuntó que de las 2 mil 571 plazas que conforman actualmente la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del sistema del INE, las reformas contemplan mantener solo 396, por lo que alrededor de un 84.6 por ciento se quedaría desempleado.
“En un primer análisis se identifica que, de las 2 mil 571 plazas de cargos y puestos que conforman actualmente la estructura del SPEN del sistema INE, la reforma sólo contempla mantener 396, lo que significaría en conjunto que la disminución de la estructura sería del 84.6 por ciento respecto a la conformación actual (el Informe completo contiene otros escenarios de posible recorte, en gran medida debido a la falta de claridad e imprecisiones de la reforma)”, se lee en el documento de 12 páginas.
De acuerdo con el Consejo del INE, una sustitución del personal profesional por contrataciones temporales, de gente que no se habrá sometido a estrictos procesos de selección como el concurso público para el ingreso al SPEN, “no permitirá garantizar la independencia, profesionalismo, solvencia técnica y compromiso de quienes se recluten de forma ocasional”.
“No obstante, es importante referir que esta cifra se proyecta 1) sin considerar el número de plazas adscritas en oficinas centrales debido a que no existe una definición del ajuste que se tendría que hacer a la estructura; 2) sin considerar los puestos adscritos en JLE (juntas locales electorales) vinculados con el área registral y las coordinaciones operativas (198 plazas) y 3) considerando a las vocalías operativas como cargos permanentes”, especifica el documento.
También apuntó que con este recorte se estaría afectando los derechos laborales de personal que llegó a su cargo por “concurso público, que es evaluado, formado y capacitado de forma permanente”.
En ese sentido, el INE resaltó que también habría una afección económica para el INE, debido a que propone liquidar a miles de personas quienes por concepto de compensación por término de la relación laboral, tienen derecho legal a recibir tres meses de su remuneración y adicionalmente 20 días por cada año de servicio.
Asimismo, el INE considera que las reformas electorales aprobadas atentan contra el objetivo fundamental de un servicio civil de carrera, “que es la profesionalización de la función específica de ese cuerpo, en este caso, electoral”.
Por otro lado, apuntó que puede verse afectado el conteo de votos debido a la desaparición de los vocales de capacitación en los 300 distritos electorales, lo cual “implica dañar las tareas de educación cívica permanentes pero, sobre todo, no contar con el personal encargado de capacitar a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos cada elección federal para integrar las Mesas Directivas de Casilla”.
“En cada distrito, en promedio, se instalan cada que hay elecciones 550 casillas, y se visita en sus domicilios a 40 mil ciudadanas y ciudadanos para que funjan como funcionarios de casilla. El personal especializado a cargo de esa tarea simplemente desaparece con la reforma que compromete la instalación de las casillas y, con ello, arriesga el ejercicio del derecho al voto ciudadano”.
De la misma forma, señaló que el desarrollo del voto electrónico planteado en el proyecto de reforma se supedita a los resultados derivados de una comisión que deberá crear el Congreso con la participación del INE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyos resultados estarían disponibles en cinco años. Incluir una agencia gubernamental en los trabajos y procedimientos del INE es contrario a la autonomía del Instituto.
Y añade: “Al afectarse la estructura territorial del INE se perdería también la agilidad en el cumplimiento de los derechos de desafiliación de personas a los Partidos Políticos Nacionales, así como la certificación de asambleas constitutivas de partidos de nueva creación, el registro de candidaturas, la capacitación para obtener apoyo de la ciudadanía para distintas actividades, el desahogo de garantías de audiencia y todos los procesos asociados a estas actividades”.
El INE consideró que incluso los partidos podrían verse afectados, ya que en año de elección de la Presidencia de la República, el proyecto recorre el inicio de las precampañas de noviembre a la tercera semana de diciembre, pero no reduce su duración de 60 días ni los plazos para el registro de candidaturas. “Esto implicaría que no haya espacio entre el fin de las precampañas y el registro de candidaturas para llevar a cabo elecciones internas de los partidos ni para resolver posibles impugnaciones”, recalcó.
