Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama adelantaron que ese órgano autónomo interpondrá una controversia constitucional en contra de las reformas a la ley electoral y otras que entraron en vigor el pasado 28 de diciembre de 2022.
En entrevista para Aristegui Noticias por la publicación de su libro “La democracia no se toca”, el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Murayama la reforma electoral aprobada en el Congreso de la Unión por Morena y sus partidos aliados, Verde y PT, en el Congreso de la Unión, conocido como ‘Plan B’ por legisladores de esos partidos.
“En el INE hemos acordado interponer una controversia constitucional y esperemos que haya otros recursos”, afirmó Murayama.
Uno de estos otros recursos podría ser la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para desechar leyes electorales contrarias a la Constitución.
“El Tribunal decidirá si la aplicación de lo que dice la ley es constitucional y de esa manera hay una segunda vía para salvaguardar el orden constitucional de los caprichos de una mayoría legislativa que no alcanzó a ser mayoría constitucional”, dijo el consejero del INE.
El consejero también cuestionó las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social que aprobaron Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
Agregó que las modificaciones a dicha norma implican “una operación política para permitir aquello que la Constitución prohíbe a los gobernantes”.
Los artículos constitucionales que la actual Ley de Comunicación Social violaría son los 134 y 41. El primero de estos estipula que los gobernantes no pueden usar recursos públicos a su cargo para influir en las campañas y procesos políticos.
Por otro lado, el artículo 41 marca que en cuanto arrancan las campañas no puede haber publicidad gubernamental.
Los cambios aprobados por el poder Legislativo restringen la idea de publicidad gubernamental a solamente aquello que los propios entes públicos etiqueten en sus presupuestos como propaganda. Es decir, aunque se usen recursos públicos para anunciar logros del gobierno o promover la imagen de algún gobernante, si quien ostenta el poder no lo cataloga como propaganda en sus egresos, entonces el acto no se considera como tal.
“Solo lo que se paga a los medios se considera, todo lo demás que se haga con recursos públicos no lo es”, subrayó Ciro Murayama.
La ley vigente también permite que los servidores públicos puedan expresarse a favor o en contra de candidatos o partidos, justificándose en el uso de su libertad de expresión. Esto autoriza a los gobernantes a llamar al voto e incluso aparecer en mítines, según el consejero Murayama.
“Le dan la vuelta al concepto de libertad de expresión. Este es un derecho de los ciudadanos para protegerse del Estado. Lo que hace la ley es que quienes están en su derecho de usar la libertad de expresión son los poderosos para interferir en las elecciones”, señaló.
Sobre este punto, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, añadió: “pretender que un gobernante tiene la misma libertad de expresión que un gobernado es desigualar esa relación y hacer que el gobernante se aproveche de los derechos para vulnerar las leyes”.
Córdova también señaló que las leyes aprobadas del “Plan B” no solo violan la Constitución, “sino que también se suplanta a la autoridad electoral” . “Hay una intromisión indebida del legislativo en el trabajo de un órgano constitucionalmente autónomo”, dijo.
Incertidumbre para el 2024
Para las elecciones estatales del 2023, las leyes aprobadas del “Plan B” no aplicarán. Será hasta 2024 que estas tendrían efecto, de ser avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicaron ambos consejeros.
El plazo máximo para que el Legislativo apruebe o rechace el resto de las modificaciones contenidas en el “Plan B”, así como para que la Corte confirme o no la constitucionalidad de las leyes, es a finales de mayo. Esto se debe a que las reglas bajo las cuales se regirán las elecciones federales del 2024 deben quedar establecidas 90 días antes del proceso electoral.
“A más tardar, al arranque de junio tendrá que estar claro con qué reglas vamos al 2024. La Corte debe confirmar o detener las leyes antes de que concluya mayo”, señaló Murayama. “Son semanas críticas para saber a qué tipo de elecciones nos vamos a atener”.
“Los tribunales se deben pronunciar cuanto antes porque estamos en la antesala de lo que será la elección más grande de la historia, por el número de potenciales electores, casi 90 millones, y por el número de cargos a disputar”, agregó Lorenzo Córdova.
“Debe haber certeza, debemos saber con qué reglas se harán las elecciones”, concluyó.
Ambos consejeros electorales presentaron su libro “La democracia no se toca”, negando que hayan invertido recursos públicos en esta labor.
