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domingo, enero 25, 2026

EEUU entrega a defensa de Genaro García Luna nuevas pruebas que lo vinculan al narcotráfico con Fox y Calderón

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Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo/AP).– El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó a la defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, documentos fechados en el sexenio de Vicente Fox Quesada para sustentar las acusaciones que mantiene en su contra por asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.

Un documento difundido por Proceso muestra que parte de la información brindada por los fiscales del Departamento de Justicia a César de Castro, el abogado de García Luna, tiene fechas del 24 de mayo y el 16 de agosto de 2002, así como el 28 de enero del 2003, años en los que Fox Quesada fue Presidente de México  y García Luna se desempeñó como titular de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

De acuerdo con esta información, el Departamento de Justicia de EU también recopiló documentos fechados el 18 de marzo de 2007 y el 13 de septiembre de 2008, ya con Felipe Calderón como Presidente.

También el pasado 7 de noviembre, el diario El País reveló información que apunta a que García Luna colaboró con el Cartel de Sinaloa durante casi 20 años, “incluso después de que fue detenido en Estados Unidos en 2019”,

La información que reveló el diario español habría sido expuesto por la Fiscalía del distrito Este de Nueva York en una carta enviada a la corte para que avance el caso judicial contra el exsecretario de Seguridad y jefe de la Policía de México.

De acuerdo con el diario, los abogados de García Luna aseguraron que la acusación contra el exfuncionario  “es frágil”, ya que abandonó la vida pública al concluir el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Por ello mismo, pidieron que se desechen los cargos en su contra bajo el argumento de que ya han prescrito.

El 26 de octubre, fiscales de Nueva York anunciaron que entregaron documentos relacionados con la incautación de drogas en el condado de Queens en diciembre de 2019 y con el envío de narcóticos a Estados Unidos a través de empresas fachada como pruebas para el juicio al exsecretario de Seguridad Pública.

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York también expuso en un documento presentado en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses que entre sus pruebas habrá además talones de pago a García Luna y una fotografía de los otros conspiradores en el caso tomada en octubre de 2008. Los otros dos conspiradores son Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, dos exjefes de la policía federal mexicana que fueron hombres de confianza de García Luna.

García Luna se ha declarado inocente de los cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.

Está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

El mexicano, de 53 años, fue arrestado en 2019 en Estados Unidos. De ser declarado culpable enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Se espera que su juicio, que ocurrirá en la corte federal de Brooklyn, empiece en enero de 2023.

Los fiscales también dijeron el 26 de octubre que Lyndell Griffin, un examinador digital forense de la agencia antidrogas estadounidense más conocida como DEA, testificará en el juicio para hablar sobre la extracción e identificación de información en aparatos electrónicos.

Ese mes, el abogado César de Castro presentó al Juez un pedido para desestimar los cargos de asociación delictiva para distribuir cocaína y participación en una empresa criminal continua que pesan sobre el exfuncionario.

De Castro argumentó que ya es tarde para acusar a García Luna porque se superó el plazo de tiempo de cinco años en que las autoridades estadounidenses podían presentar cargos contra él. García Luna se retiró de su puesto en el Gobierno mexicano en 2012 y no fue acusado hasta 2019. El Juez que preside el caso, Brian Cogan, no ha emitido su decisión respecto del pedido.

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