Columna Agenda Abierta
Primero en la Cámara de Diputados y despúes en la de Senadores, en días pasados fue aprobado, con la cómoda mayoría del partido Morena y sus aliados, el Paquete Económico 2023. Se trata de un planteamiento que integra no solo lo que se va a recaudar en materia de impuestos y lo que se va a ingresar a las arcas del gobierno vía endeudamiento, sino también los conceptos en que se gastarán dichos recursos.
La propuesta, elaborada por el gobierno federal, contiene como uno de sus principales componentes un segmento denominado Criterios Generales de Política Económica (CGPE), en el cual se evalúa la situación económica de México y el panorama internacional. A través de este análisis, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima tanto los ingresos que el gobierno podrá recibir el siguiente año, como el gasto público que en consecuencia podrá ejercer.
Aunque en apariencia este componente podría resultar de gran utilidad, lo cierto es que en los últimos tres paquetes económicos los CGPE han quedado ampliamente rebasados, al contar, por decir lo menos, con muy poco “tino” a la hora de pronosticar. Basta con revisar la edición de 2022, en la que el pronóstico oficial de crecimiento de 4.1% contrasta de forma preocupante con la expansión de apenas 1.9% que promedió la economía nacional durante el primer semestre del año.
Para 2023, el CGPE vuelve a pecar de optimista en sus previsiones, lo que le resta confiabilidad y certeza a todo el Paquete Económico en su conjunto. A continuación, recuperaré algunos datos que nos ayudaran a darle contexto a esta afirmación.
De acuerdo con lo estipulado por el gobierno federal, durante el año entrante se estima un crecimiento puntual del 3.0%, cifra que luce fuera de la realidad al tomar en consideración las proyecciones realizadas por especialistas privados y por organismos financieros nacionales e internacionales.
Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su reporte Actualizaciones de las perspectivas de la economía mundial publicado el pasado mes de julio, prevé un crecimiento para México de apenas 1.2%, bajo el argumento general de que será un año sombrío y con un panorama incierto.
Asimismo, ante el impacto causado por la situación geopolítica, el alza global de tasas y el efecto de la inflación en el poder adquisitivo, en abril de este año el Banco Mundial recortó sus expectativas para México al estimar un crecimiento para 2023 de 1.3%.
Incluso el Banco de México reculó en su estimación del crecimiento del PIB para 2023, al bajarlo el pasado 31 de agosto de 2.4% a 1.6%. Un hecho en consonancia con lo arrojado por su última Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, en la cual se proyecta una expansión de solo 1.31% para el año que viene.
Pese a sus errores evidentes, el optimismo se expande a lo largo de los CGPE del Paquete 2023 e influye también en temas como la inflación. En este respecto, aunque en agosto pasado los precios aumentaron al 8.7% la estimación anual señalada es de 3.2%. Aquí, factores como el precio del barril de petróleo, el crecimiento de los Estados Unidos y el tipo de cambio se dejaron a un lado para lograr cerrar con cuentas alegres.
Sin embargo, el aspecto más impactante del análisis vino en lo concerniente al nivel de endeudamiento público que asoma para 2023. En este sentido, el gobierno federal estima ingresos totales por 8.3 billones de pesos, lo que significaría un incremento de 11.6% en términos reales respecto a lo aprobado para 2022, cuando fueron autorizados 7.1 billones.
Del total de ingresos, 4.6 billones provendrían de la recaudación de impuestos, lo que representa la cifra más alta de la historia. Se trata de un incremento nominal de casi el 18% respecto del monto autorizado para 2022, que fue de 3.9 billones. Esto implica que los contribuyentes aportarán el 55.7% de los ingresos totales.
Entre los principales impuestos, se esperan incrementos del 15.4% en el ISR y del 11.4% en el IVA en términos reales, aunque también un decremento del 8.3% en el IEPS.
Pero para llegar a 8.3 billones de ingresos totales, a los 7.1 billones de ingresos del sector público se deberían de sumar 1.2 billones por concepto de endeudamiento. Lo que implica que el incremento en ingresos de 1.2 billones en la comparación entre 2022 y 2023, provendrá enteramente de la deuda pública, la cual llegará prácticamente al 50% del PIB.
Así, el servicio de la deuda será el más alto desde 1996 (hace 27 años), al ascender a 1 billón 79 mil millones, es decir, 3.4% del PIB, lo que significa un incremento real del 30% respecto de 2022. Para dimensionar, basta con señalar que este monto es más de 22 veces superior al presupuesto anual asignado a la UNAM.
En síntesis, pues, podemos decir que en contrasentido a lo que se afirma desde la narrativa gubernamental, para 2023 estaremos inmersos en un proceso acelerado de endeudamiento y haciendo frente a un escenario turbulento. Todo esto, acompañado de un incremento del nivel de recaudación y de expectativas muy lejanas a la realidad.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna