“El desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos como mendigos en el saco de oro” (Rafael Correa).
Pues todo mundo de fiesta por el congreso minero internacional celebrado en la capital de Sonora, con foros y buenos deseos, pero, en términos reales, con una más que discreta preocupación por el ambiente y la salud del entorno.
¿Se imagina una minería sin impactos ambientales? Tendría que ser en alguna lejana galaxia donde la escasez de agua no existiera o que la minería no necesitara de ella (del agua, se entiende) para desplegar sus actividades extractivas, o que el subsuelo tuviera la propiedad mágica de reponer el volumen extraído sin costos para la biodiversidad circundante, es decir, sin afectar a la vegetación, a la fauna, la calidad del aire y el agua.
Lo cierto es que en este mundo y en esta región, la actividad minera se ha traducido en desastres ambientales documentados, como es el caso, entre muchos otros, del derrame tóxico de Buenavista del Cobre en Cananea (el 6 de agosto de 2014, cuyos efectos siguen presentes), o no documentados por las chapuzas de las empresas y la complicidad de las autoridades.
A lo largo y ancho del país, la minería ha dado muestras de una verdadera vocación depredadora, acentuada por el furor económico y mediático que acompaña por lo general al dinero, dejando de lado el respeto a las normas de seguridad e higiene y la exigencia social de evitar o mitigar los impactos ambientales.
Cada nueva explotación levanta expectativas que evaden una realidad insoslayable: sus facturas ambientales rebasan por mucho los beneficios que generan, aunque cabe decir que éstos son casi exclusivamente para las empresas que controlan el negocio.
Antes fue el cobre, siempre ha sido el oro y la plata y ahora tenemos el Litio (cuya presencia y potenciales beneficios celebra el gobernador Durazo con entusiasmo), con una flamante empresa paraestatal recién creada que ya tiene director general, supongo que cumpliendo las formalidades establecidas en el decreto y la Ley Federal de Empresas Paraestatales, o en apego a una salvedad legal que responda al interés nacional, porque de otra manera la oposición, que se ocupa de la forma cómo habla, se sienta o viste el presidente, seguramente ya hubiera puesto el grito en el cielo.
Al respecto, el decreto presidencial que la crea señala que la persona titular de la Dirección General será designada y removida por el titular del Ejecutivo Federal, “a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Energía” y deberá reunir los requisitos señalados en los artículos 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 14 de su reglamento” (Artículo 12 del decreto).
La ley citada, además de la obvia exigencia sobre la nacionalidad y la ausencia de conflictos de interés particulares o familiares con otras empresas relacionadas con sus operaciones, se requiere “haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público, administrativo o sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia de cada entidad paraestatal (Ley Federal de Empresas Paraestatales (LFEP), Artículo 21, Fracción II).
Por su parte, el Reglamento de la LFEP, dispone que el titular de la empresa deberá tener: “una experiencia no menor de 5 años en el desempeño de cargos de alto nivel decisorio” (Artículo 14, fracción II).
Pero volviendo al asunto del congreso minero, parece buena idea organizar foros, encuentros, simposios, coloquios o lo que sea que promuevan las actividades productivas, pero cabe preguntar cómo operan las empresas y a dónde va el dinero.
¿Qué beneficio real tienen las comunidades que son desalojadas en aras de cumplir con las expectativas económicas de las empresas mineras mayoritariamente extranjeras que explotan los recursos regionales? ¿Los impuestos pagados compensan el daño al ambiente y a la propiedad no minera?
En este tipo de negocios, ¿qué se entiende por sustentabilidad y hasta dónde es posible conciliar los conceptos de interés nacional y protección del ambiente con el de utilidad o ganancia privada?
¿Ya se pensó en una reforma a la Ley Minera que toque su artículo sexto, en beneficio de los propietarios, individuos o comunidades, que sufran la desgracia de tener en sus terrenos algún tipo de mineral susceptible de explotación productiva?
¿Qué hay de la Ley de Aguas, cuando el interés de las transnacionales mineras (entre otras) choca con el derecho de los ciudadanos?
La participación privada (extranjera) en el Litio, la instalación de parques solares en zonas fronterizas y la licuefacción del gas en las inmediaciones de puertos sonorenses en vías de modernización, ¿son posibles monedas de cambio que allanan problemas legales relacionados con el T-MEC?
Las preguntas son muchas, pero hasta ahora las respuestas no han sido ni tan claras ni tan satisfactorias. Urge replantear, en serio, la minería en Sonora y el país, si de veras se pretende recuperar el espacio económico nacional en beneficio de la soberanía y bienestar social del pueblo mexicano.
Para documentar el optimismo (sic) minero del Litio comparto dos ligas:
2) https://www.milenio.com/politica/john-kerry-reunira-amlo-viernes-hermosillo-sonora
José Darío Arredondo López
