Columna Agenda Abierta
Se ha cumplido un año de gobierno del estado de Sonora y los diferentes foros y análisis concluyeron que hay asuntos positivos y áreas de oportunidad relevantes.
Dentro de los primeros destaca, coyunturalmente, la liberación de la carretera internacional, después de haber sido tomada durante 10 años por representantes de la comunidad Yaqui, quienes instalaron retenes ilegales y cobraban cuotas irregulares.
Así, el pasado 4 y 5 de octubre se realizó un operativo policiaco para liberar la carretera internacional entre Guaymas y Ciudad Obregón, con toda la esperanza de los usuarios y vecinos de la vía para que no sea tomada nuevamente, una vez pasado el informe de Gobierno.
Otro rubro destacable fue el proyecto de Becas a estudiantes que en 2022 inició con un presupuesto de 400 millones de pesos y que fue financiado principalmente con las reducciones presupuestales al Congreso del Estado. Una cifra que para el próximo año se prevé se duplique en vistas al cumplimiento del objetivo de que no haya deserción escolar por falta de recursos económicos.
En contraparte, también se debe registrar en estos primeros meses el problema de la violencia e inseguridad, que mantiene a Sonora entre los 7 estados más violentos de México, con 1,774 víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, según datos del Secretariado Ejecutivo.
De manera adicional, Sonora se ubica como el primer lugar en tasa de empresas víctimas de la delincuencia y el delito más frecuente que sufren ahora los negocios es la extorsión y no el robo, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022.
Otro elemento que impacta directamente a la población es la situación crítica del transporte público en el estado, ya que cientos de estudiantes y trabajadores pierden horas de su tiempo en las paradas y llegan tarde a sus destinos todos los días por la falta de unidades. Una situación agravada por el pésimo estado en el que se encuentran las pocas unidades en servicio.
Esto último puede confirmarse en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en la que 7 de cada 10 usuarios declararon estar poco o nada satisfechos con los horarios y tiempos de espera de las rutas del transporte, y 6 de cada 10 con el estado de las unidades.
En esta semana en el marco del arranque de su segundo año, el ejecutivo estatal ha señalado cinco prioridades en las que privilegiará su ejercicio gubernamental.
Ubica el tema de la seguridad como una condición, en sintonía con lo señalado por el ejecutivo federal en su momento, para el desarrollo y consolidación de su gobierno. Apunta a “imponerse a la inseguridad por la vía de la legalidad y la atención a las causas más profundas que la generan”.
Sin embargo, pese a las intenciones manifestadas no es posible identificar claramente si se invertirán, y en su caso cómo lo harían, los recursos derivados de la regularización de los autos de procedencia extranjera, como lo ha expresado a nivel federal la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Sería esperable un programa estratégico que contemplase esos y otros recursos para el equipamiento o fortalecimiento de las policías de proximidad en los municipios, o bien para las policías de prevención en el nivel estatal y de las ministeriales en la Fiscalía Estatal.
Se hizo referencia también al tema del transporte, señalando que aún cuando no hay unidades disponibles en el mercado, no se autorizarán aumentos en las tarifas. Por lo anterior, es de esperarse como una de las cinco prioridades que exista una estrategia que atienda de fondo una sentida demanda ciudadana.
Asimismo, también se pronunció acerca del déficit de vivienda como un aspecto prioritario. En este sentido, es previsible que los hombres del gobernador vean la solución más en la esfera financiera de la adquisición y fiduciario en la sostenibilidad, que como un problema de oferta o demanda en el mercado inmobiliario.
Es decir, el tema no es la disponibilidad de las casas, o su construcción, sino la forma en la que el ciudadano puede pagarla. Una cuestión que está empatada con el desarrollo y crecimiento de la economía regional.
En resumen, afirmó que medidas como el incremento en la inversión pública (puntualizado en las prioridades cuarta y quinta), infraestructura urbana, de carreteras e infraestructura hídrica, no sólo contribuirían a mejorar el nivel de vida de las personas, sino que se convertirán en detonadores de inversión y generación de empleos.
Falta observar, sin embargo, en el marco de la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y el correspondiente del Gobierno del estado, mayor clarida del alineamiento de estos rubros de inversión.
Esperemos que su aprobación este encaminada a estas prioridades.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
