Los gobiernos locales, en la actualidad, se encuentran rebasados en problemas públicos, ante la falta de recursos suficientes para atender las necesidades más apremiantes de la población. Sin duda, no todo es cuestión de presupuesto, pero ante una visión de transformación de la administración pública federal, ha hecho falta la renovación de las estructuras municipales, que construyan gobierno desde una visión basada en las necesidades de un Estado cambiante.
Esto no se trata solo de temas partidistas, como muchos grupos buscan señalar, mucho menos es consecuencia de la amplia participación de mujeres en el poder, como desde visiones patriarcales se ha señalado, este problema municipalista es consecuencia de visones arcaicas de gobierno, que no asumen la necesidad de ver a las ciudades desde la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad.
Los tiempos traen tiempos, y las sociedades van avanzando en derechos, pero tristemente también en desigualdades, discriminación y violencias que no han sido prioritarias, ni mucho menos presupuestadas dentro de planes estratégicos y transversales de ningún municipio de Sonora.
A pesar de lo que indica la Ley, desde lo local, se sigue asumiendo que la desigualdad por razón de género es un problema irrelevante y no urgente, al considerarse como algo ajeno a los problemas de seguridad, violencia, drogadicción, económicos, de servicios generales, etc. Lo cierto, es que cada uno de esos problemas, y de todos los que vive un municipio, tiene raíces en la desigualdad estructural que divide cultural, laboral, política y socialmente a las mujeres de los hombres.
La perspectiva de género en los presupuestos etiquetados, busca atender la necesidad de plantear soluciones dirigidas a la eliminación de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, a la mejora de las condiciones de vida de grupos de mujeres y a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Lo que poco se reflexiona, es que las mujeres constituyen la mitad de la población, y convergen en la totalidad de las familias, por lo que los graves problemas de desigualdad, discriminación y violencia, afectan a la sociedad en su conjunto.
El presupuesto público para la Igualdad, constituye una de las herramientas de política pública que promete más eficacia para transformar la realidad. De acuerdo a la CEPAL, si el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza en forma no remunerada tuviera precios de mercado, aproximadamente un cuarto de la riqueza que hoy se contabiliza en las cuentas nacionales estaría siendo producida en los hogares, principalmente por las mujeres. Esto representa el 24% del PIB del país.
Abordar un nuevo modelo de gobierno con perspectiva de género, necesita mucho más que asignar un minúsculo porcentaje del presupuesto “para las mujeres”. Transformar las ciudades requiere de diagnósticos que aborden reconocer las desigualdades y planes de desarrollo con transversalidad de la perspectiva de género. Todos los programas deben ir destinados a atender todos los problemas del orden público, desde las diferencias, desde las distintas necesidades, desde las diferentes perspectivas y contextos.
Los presupuestos con perspectiva de género no deben verse solo como presupuestos separados para mujeres y hombres, tampoco solo como recursos extraordinarios o separados para programas específicos para mujeres, más bien, se trata de reorientar toda la política presupuestal a acciones que enfrenten las diferentes impactos que tienen los problemas desde las ciudades. Sin igualdad entre mujeres y hombres, no hay desarrollo, no hay progreso.
