Periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles anunciaron este lunes la presentación de una denuncia penal por el espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) documentado en este sexenio.
La denuncia y la exigencia de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el caso se dieron a conocer este mediodía durante una rueda de prensa, realizada un día después de la publicación de un reportaje sobre esta situación.
El reportaje, elaborado por Animal Político, Proceso, Aristegui Noticias y la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), documenta que la Sedena compró en 2019 un software espía a la única empresa autorizada en México para vender el programa Pegasus.
Igualmente, comprueba que un periodista de este medio, el periodista y escritor Ricardo Raphael y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos sufrieron infecciones con Pegasus en sus teléfonos celulares en los últimos tres años.
Al inicio de la conferencia, Leopoldo Maldonado, de la organización en pro de la libertad de prensa Artículo 19, dijo que el caso demuestra una de dos posibilidades: o el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió al afirmar que ya no se hace espionaje en su sexenio o la Sedena realiza esas prácticas a sus espaldas.
Ricardo Raphael, uno de los tres afectados, consideró que los hechos documentados señalan que los aparatos de inteligencia del país están dominados por militares. Agregó que información suya fue entregada a particulares —en específico mencionó a la empresaria Isabel Miranda de Wallace— y que, si bien no confía en el fiscal Alejandro Gertz, estimó necesario presentar una denuncia.
“No creo en el fiscal, pero aún así creo que vale la pena presentarla”, dijo.
Daniel Moreno, director de Animal Político, subrayó que este espionaje fue ilegal porque ninguno de los afectados había violado la ley.
Acerca del caso del periodista de este medio que fue espiado, Moreno advirtió que esa intromisión dio a quien la hizo acceso a toda la operación del portal de noticias.
El activista Raymundo Ramos también expuso su caso. Señaló que ha estado bajo vigilancia del Ejército desde hace más de 20 años, a raíz de que ha investigado las violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en Tamaulipas.
“No nos van a frenar porque nos infectan un aparato”, aseguró.
Todos los afectados exigieron al gobierno federal garantías de seguridad para ellos y sus familias, al tiempo que pidieron que otros periodistas y activistas que crean ser espiados revisen sus teléfonos celulares.
Otra demanda, dirigida al Senado, es frenar la discusión de la reforma que busca ampliar a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
