Un juez federal en los Estados Unidos emitió su veredicto en torno a una demanda civil presentada por México contra once diferentes fabricantes de armas por facilitar el tráfico de su producto al territorio nacional. Al respecto, la autoridad residente en Boston desestimó la denuncia millonaria debido a que las empresas señaladas se encuentran amparadas por la ley federal de su país.
La tarde de este viernes 30 de septiembre de 2022, el juez de distrito de Boston, F. Dennis Saylor, desestimó el recurso interpuesto por el gobierno mexicano, por USD 10 mil millones, en el cual buscaba responsabilizar a la empresa Smith & Wesson Brands y once más por el incremento en el tráfico de armas hacia el país, en la frontera de ambos territorios, a diversos cárteles del crimen organizado.
El argumento que Saylor utilizó para respaldar su decisión radicó en la ley federal de los Estados Unidos. De acuerdo con su declaración, el código prohíbe cualquier demanda que busque responsabilizar a los fabricantes de armas cuando quien las adquiere las utiliza para el propósito previsto. Aunque reconoció la limitación de la ley en el caso, negó que alguna pudiera favorecer los propósitos del gobierno mexicano.
“Si bien la corte tiene una simpatía considerable por el pueblo de México y ninguna por los que trafican armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir con la ley (de los Estados Unidos)”, declaró el juez en el dictamen de 44 páginas donde dio a conocer su postura.
El motivo de las autoridades mexicanas cuando presentaron la demanda contra los fabricantes fue que las características y el diseño de las armas enviadas al país violaban las prohibiciones vigentes en el territorio. Cabe mencionar que las leyes son socavadas toda vez que los fusiles de asalto traficados por grupos del crimen organizado cumplen con determinaciones estrictamente militares, por lo que no pueden ser utilizadas por otros actores.
¿Por qué México presentó la denuncia contra fabricantes y distribuidores de armas?
Ante el considerable aumento de actos violentos en territorio mexicano, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador interpuso una demanda en agosto de 2021 contra las empresas Smith & Weson, Barret Firearms Manufacturing, Glock, Colt’s Manufacturing Company, Century International Arms, Witmer Public Safety Group, Berreta, entre otras.
El principal argumento fue que dichas empresas han promovido prácticas comerciales “negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”. De acuerdo con cifras incluidas en el documento presentado ante la corte de los Estados Unidos, cada año se trafican hasta 500 mil armas desde dicho país y, en el año 2019, pudieron haber estado detrás de alrededor de 17 mil homicidios dolosos a lo largo del territorio.
La situación ha generado mayor alerta considerando que en los operativos realizados por la Sedena, Marina y la Guardia Nacional se han encontrado arsenales compuestos por armamento de alto poder. Dichos hallazgos son reflejo del bajo control y estudio que los fabricantes estadounidenses realizan a los clientes que acuden a ellos para adquirir armas, aunado al privilegio del interés económico al dotarlos de un arsenal más costoso.
Aunque el combate al crimen organizado es un tema primordial de la agenda bilateral impulsada por México y Estados Unidos, el debate en torno a la comercialización y tenencia de armas de fuego en el país de las barras y las estrellas ha entorpecido su regulación al exterior.
