El director de la mina El Pinabete, Cristian Elior Solís Arriaga, fue detenido por presuntamente explotar de manera ilícita un bien perteneciente a la nación, por lo que está acusado de un delito contra la Ley General de Bienes Nacionales.
Lo anterior luego de los hechos registrados el pasado 3 de agosto, cuando se reportó que 10 trabajadores quedaron atrapados tras el colapso de la mina ubicada en la comunidad de la Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila.
La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y de la Policía Federal Ministerial (PFM), luego de que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, Juan Marcos Dávila Rangel, le negara la suspensión definitiva de la misma.
Cabe recordar que el pasado 7 de septiembre, a Cristian le fue otorgada una suspensión provisional como medida cautelar tras el amparo que había promovido contra su orden de aprehensión. Sin embargo, el 24 del presente mes se le negó la suspensión definitiva al no cumplir con las condiciones establecidas, como pagar una garantía de 500 mil pesos en un plazo de cinco días.
Fue así que el director de la mina El Pinabete fue detenido en la calle Cananea Agujita, colonia Cosedores del municipio de Sabinas. Posteriormente fue vinculado a proceso y el juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Torreón le dictó prisión preventiva como medida cautelar, según el informe de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por lo anterior, el ahora imputado deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe, Coahuila, mientras se resuelve su situación jurídica, toda vez que su defensa recurrió a la duplicidad del término constitucional, de manera que su audiencia continuará el próximo jueves 29 de septiembre.
Cabe recordar que a principios de septiembre, la FGR giró tres órdenes de aprehensión contra tres personas por presuntamente infringir los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, en los que estipulan que las sanciones pueden ir de dos a 12 años de prisión por explotar un bien de la Nación sin autorización o permisos previos.
