Por Álvaro Delgado Gómez
Un juez federal del Estado de México instruyó este viernes la captura de Iñaki Blanco Cabrera, extitular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero cuando se registró el ataque y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, por el delito de delincuencia organizada
Sobre esta orden de aprehensión, Blanco Cabrera dijo a SinEmbargo que la acusación que se le imputa se basa en los dichos del testigo colaborador identificado como “Juan”, en el sentido de que él recibía dinero del grupo criminal Guerreros Unidos, pero que, sin embargo, él como Fiscal detuvo a los principales dirigentes.
“Contrario a lo dicho por ‘Juan’, están los antecedentes del caso y las 33 consignaciones de integrantes de los Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala, entre ellos José Luis Abarca, quien, una vez más, ha sido señalado como autor intelectual de los hechos”, dijo Blanco a SinEmbargo.
“Juan aduce que la idea era responsabilizar a gente de bajo perfil y lo cierto es que consigne a todos los mandos (Salgado Valladares, Tenescalco, Felipe Flores y Abarca)”, agregó en una entrevista.
Además, planteó, el testigo olvida o desconoce que la Fiscalía General del Estado de Guerrero obtuvo datos importantes sobre la estructura, modus operandi y zonas de influencia de Guerreros Unidos. “También sostiene que yo recibía dinero de Los Rojos, a los cuales desarticulé”, destacó el exfiscal.
“Entre los primeros policías detenidos, había 12 Belicos. Los nombres de Los Belicos los obtuvo el Ministerio Publico Estatal”, sostuvo.
También destacó que él, siendo fiscal, investigó cómo ocurrieron los hechos de la llamada Noche de Iguala:
“Lo relativo a las distintas rutas de desaparición, a que los jóvenes fueron separados y a que los Guerrero Unidos operaron por células deviene de la indagatoria primigenia, basta checar las declaraciones de Marco Antonio Ríos Berber y Martín Maceda Barrera”, dijo a SinEmbargo el exfuncionario ahora señalado por delincuencia organizada.
“Todos los detenidos por la FGEG siguen vinculados a proceso por homicidio calificado. En ninguno de esos casos se acreditó tortura”, concluyó.
El pasado 26 de agosto, Iñaki Blanco acusó al Ejército mexicano de negarle el apoyo para realizar las investigaciones correspondientes tras los hechos de la Noche de iguala.
En entrevista con Álvaro Delgado en el programa ‘Los Periodistas’, el exprocurador de Guerrero afirmó:
“Yo solicité la colaboración de distintas autoridades del ámbito federal, tanto de la Policía Federal como del Ejército, y no me lo quisieron brindar, esto a efecto de tener las posibilidades de concentrar a los elementos de la Policía Municipal y llevar a cabo las diligencias primigenias, todo lo que tenía que ver con la parte pericial y con las declaraciones ministeriales. Lo que encontré como respuesta fue una negativa y en algunos de estos casos se comentó que no contaban ellos con el personal necesario para apoyar a la Fiscalía”.
El exfiscal, señalado por supuestamente haber participado en la reunión donde se fraguó la llamada ‘Verdad Histórica’, rechazó las acusaciones que apuntan hacia él y dijo que no colaboró en ningún cónclave, pues tenía diferencias marcadas con Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se encuentra en Israel a la espera de ser extraditado a México.
“Yo estoy muy tranquilo, mi proceder siempre fue apegado a derecho, no participé en ningún cónclave, no me presté a desviar la verdad de lo que ocurrió aquella fatídica noche en modo alguno. Tuvimos diferencias marcadas Tomás Zerón y tu servidor y en la parte política debe tenerse presente que el Gobierno federal llevó a cabo las acciones necesarias para propiciar la salida de Ángel Aguirre Rivero como Gobernador del estado de Guerrero”, expuso.
Más órdenes de aprehensión
Además de la orden de aprehensión contra Iñaki Blanco Cabrera, el juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, también instruyó la captura de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, también por el presunto delito de delincuencia organizada.
Por los delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada giró la orden de aprehensión en contra de Lambertina Galeana Martín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), y contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, en cada caso.
Otras órdenes de aprehensión giradas por el juez Beltrán Santés son las de César Nava González, exjefe de la Policía de Cocula, Guerrero, a quien se le imputa los supuestos delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, y Francisco Salgado Valladares, exsubdirector de la Policía de Iguala, Guerrero, a quien se relaciona con delincuencia organizada.
Órdenes de captura contra mandos militares
El pasado 19 de agosto se dio a conocer que el juez segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las órdenes de aprehensión involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, a 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Todos ellos estarían vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
En un comunicado la FGR informó que las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la Ley autorice.
