Washington DC (Reuters) – A medida que los cruces fronterizos se han disparado a niveles récord, la administración del presidente estadounidense Joe Biden está presionando discretamente a México para que acepte más inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela bajo una orden de expulsión por el COVID-19 que la Casa Blanca ha buscado públicamente terminar, dijeron siete funcionarios estadounidenses y tres mexicanos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación por un número creciente de cruces de migrantes de los tres países durante una visita el lunes a la Ciudad de México, dijeron a Reuters dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos, pero México no prometió ninguna acción específica.
Un funcionario estadounidense dijo que tratar de convencer a México de que esté de acuerdo es “una batalla cuesta arriba”.
Todas las fuentes solicitaron el anonimato para discutir asuntos gubernamentales internos.
México ya acepta el retorno estadounidense de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En lo que va de año fiscal, unas 299.000 personas de esas naciones han sido expulsadas en la frontera, frente a unos 9.000 retornados desde Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El esfuerzo de Estados Unidos para presionar a México sobre estas tres nacionalidades en particular ilustra la profundidad de la preocupación dentro de la administración demócrata de Biden sobre sus cruces fronterizos. A la mayoría de los inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela que cruzan a Estados Unidos se les permite quedarse para presentar solicitudes de asilo, ya que son difíciles de deportar debido a las frías relaciones diplomáticas con sus gobiernos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México se negó a comentar. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se negó a discutir “conversaciones diplomáticas”, pero dijo que las naciones de la región “ya han comenzado a asumir la responsabilidad colectiva de gestionar los flujos migratorios, incluso a través de repatriaciones”.
Los agentes fronterizos de EE. UU. han realizado un récord de 1,8 millones de arrestos de inmigrantes en lo que va del año fiscal 2022, y muchos intentaron cruzar varias veces, creando desafíos humanitarios y responsabilidades políticas para Biden antes de las elecciones de mitad de período del 8 de noviembre.
De esos arrestos en la frontera suroeste, casi una cuarta parte de los migrantes procedían de Cuba, Nicaragua y Venezuela, frente al 8% en 2021 y al 3% en 2020. A la mayoría se les permitió ingresar a Estados Unidos para perseguir casos de inmigración.
La administración de Biden ha buscado públicamente poner fin a la orden de salud COVID, conocida como Título 42. Emitida a principios de 2020 bajo el expresidente republicano Donald Trump, permite a las autoridades fronterizas de EE. UU. expulsar rápidamente a los migrantes a México u otros países sin la posibilidad de buscar asilo en EE. UU. . Un juez federal designado por Trump en Louisiana impidió que la administración terminara la orden a principios de este año, incluso cuando los funcionarios de salud de EE. UU. dijeron que ya no era necesaria para proteger contra la propagación de COVID.
Pero a puerta cerrada, algunos funcionarios de Biden todavía ven la expansión de las expulsiones como una forma de disuadir a los que cruzan, dijo uno de los funcionarios estadounidenses, incluso si contradice el mensaje más acogedor del Partido Demócrata hacia los inmigrantes.
Los defensores y muchos demócratas se oponen ferozmente al Título 42, diciendo que ha expuesto a los migrantes a condiciones peligrosas en México, incluidos el secuestro y la extorsión.
“Creo que esto realmente traiciona sus compromisos con la protección de los refugiados”, dijo Robyn Barnard, directora asociada de defensa de los refugiados de la organización sin fines de lucro Human Rights First con sede en la ciudad de Nueva York.
MÉXICO VACILANTE
Dos funcionarios mexicanos dijeron a Reuters que México no quiere aceptar cubanos, nicaragüenses y venezolanos expulsados de Estados Unidos porque esos países también se resisten a aceptar vuelos de deportación desde México.
En cambio, México apunta a intensificar los vuelos internos de migrantes desde su frontera norte a su frontera sur para aliviar la presión en la frontera compartida, dijo uno de los funcionarios.
A México le gustaría que Washington relajara las sanciones económicas contra Venezuela para ayudar a frenar el éxodo del país y facilitar que los migrantes trabajen legalmente en Estados Unidos, dijeron dos funcionarios mexicanos.
Mientras tanto, los funcionarios fronterizos de EE. UU. en El Paso, Texas, dicen que se han visto obligados a liberar a cientos de migrantes en las calles de la ciudad cerca de los refugios y estaciones de autobuses para aliviar el hacinamiento en sus instalaciones.
Muchos de los venezolanos que llegan no tienen familiares ni patrocinadores, lo que ejerce más presión sobre las agencias gubernamentales y de caridad que los ayudan, dijo Mario D’Agostino, subadministrador de la ciudad de El Paso.
La ciudad controlada por los demócratas ha contratado autobuses chárter para llevar a los inmigrantes al norte de la ciudad de Nueva York, un esfuerzo que se produce después de que los gobernadores republicanos de Texas y Arizona llamaran la atención nacional al transportar a miles de inmigrantes a las ciudades del norte lideradas por los demócratas.
Los funcionarios de Biden también están explorando formas de llevar la responsabilidad a otras naciones más allá de México, dijeron las fuentes.
Por ejemplo, la Casa Blanca quiere que Panamá acepte a los venezolanos deportados si pasaron por la nación centroamericana de camino a Estados Unidos, dijeron dos de los funcionarios estadounidenses.
Casi 70.000 venezolanos ingresaron a Panamá desde su frontera con Colombia este año hasta agosto, en comparación con 1.150 en el mismo período del año pasado, según datos oficiales.
Los funcionarios del gobierno panameño no respondieron a una solicitud de comentarios.
Por separado, la administración de Biden había estado enviando un pequeño número de venezolanos a la República Dominicana en vuelos comerciales, dijeron dos de los funcionarios estadounidenses, una continuación de una práctica de la era Trump.
Pero el programa se detuvo después de un rechazo a principios de este año de la oficina del senador Robert Menéndez, un demócrata de Nueva Jersey, según uno de los funcionarios estadounidenses y una persona familiarizada con el asunto. En febrero, Menéndez calificó la deportación de migrantes que huyen del “régimen cruel” de Venezuela a terceros países como “extremadamente perturbadora”.
Información de Reuters
