Por Pedro Hiriart
Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas hechas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2017, una suerte de ‘Ley Mordaza’, acusando que existieron violaciones en el proceso legislativo.
Con esta reforma, promovida durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se obligaba a los medios de comunicación a distinguir entre contenidos informativos y de opinión.
Mientras presentaba el proyecto, el ministro Alberto Pérez Dayán señaló que existieron omisiones claras al proceso legislativo, como no haber incluido a todas las comisiones que debían de formar parte de la discusión y elaboración de la propuesta.
“A pesar de estar convocadas tres comisiones distintas para elaborar el dictamen, y con el mismo llevarlo a la sesión plenaria, este no se generó de manera conjunta pues solo fue una de las tres comisiones la que lo presentó”, destacó.
De igual forma, sostuvo que “las violaciones al proceso legislativo, si bien aisladas pueden no serlo, en suma demuestran la falta de calidad democrática”.
Por otro lado, la ministra Margarita Ríos-Farjat señaló que el proceso se llevó a cabo de manera expedita, por lo que no se llevó a cabo un debate de manera exhaustiva.
“Esta votación legislativa de ‘fast track’, o por la vía rápida, me parece inconstitucional, atenta contra los principios de deliberación democrática y va contra lo que se espera del poder legislativo”, apuntó.
La ministra agregó que “en esta materia resulta de mayor relevancia porque tiene impacto en concesiones, en personas con discapacidad, en personas indígenas o afrodescendientes. Creo que es necesario que se lleve a cabo el procedimiento legislativo de manera puntual siguiendo los reglamentos de las Cámaras y la Ley Orgánica del Congreso”.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, consideró que esto no debería de ser un motivo para invalidar la norma, ya que el ritmo en el que aprueban las leyes es facultad del Poder Legislativo.
Sin embargo, expuso que “advierto que hay violaciones graves que afectan, trastocan, estos atributos democráticos dado que no se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas (…) al haberse violado los cauces tanto en las comisiones como en el pleno”.
En este sentido, el ministro presidente sostuvo que se debía declarar como inválida la reforma, ya que no se tomaron en cuenta a todas las fuerzas políticas, al igual que el dictamen aprobado no fue publicado en la gaceta parlamentaria 24 horas antes de la sesión plenaria.
Asimismo, el ministro Luis María Aguilar mostró su preocupación al exponer que las diferentes violaciones al proceso impidieron un debate en todas las etapas del procedimiento.
“Yo observo, y con todo respeto lo digo, una absoluta despreocupación en el cumplimiento de las reglas que buscan garantizar el actuar legislativo para que se desarrolle en un contexto de deliberación parlamentaria”.
Información de El Financiero
