Un gran juez federal en Texas acusó a un estadounidense por tráfico de armas de fuego a México, la primera persona en ser juzgada bajo la nueva ley que declara dicho crimen como un delito federal.
De acuerdo con las investigaciones, entre el 21 de enero de 2020 y el 11 de julio de este año, Hernández supuestamente compró un total de 231 pistolas en calibres de 9 mm, .380 y .22, y las transportó a México.
De ser declarado culpable, el ciudadano estadounidense con residencia en México, Said Isaac Hernández, de 25 años, enfrenta hasta 15 años de prisión, detalló la fiscal federal Jennifer B. Lowery.
Según el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Texas, el 11 de julio, las autoridades detuvieron a Hernández mientras viajaba hacia el sur por la carretera interestatal de EU.
Al momento de su arresto, presuntamente descubrieron 17 armas de fuego escondidas en su automóvil. Las indagatorias de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU encontró más tarde que presuntamente había traficado un mayor número.
Tras la noticia, el Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró la acusación y reiteró que EU “investigará y procederá contra traficantes de armas con toda la fuerza de la ley”.
El pasado 25 de junio, el Congreso estadounidense aprobó la Acta para Detener el Tráfico Ilegal de Armas de Fuego, que estipula como delito federal el tráfico ilícito de armas hacia otro país, incluido México. La norma forma parte del Acta de Comunidades más Seguras ampliada.
Ante el anuncio, el canciller mexicano Marcelo Ebrard sostuvo que la aprobación de dicha ley ayudará a reducir el tráfico ilícito de armas en la nación y favorecerá en la demanda presentada contra las compañías estadounidenses en la Corte de Massachusetts.
El secretario de Relaciones Exteriores apuntó que México es el país con mayor tráfico de armas con Estados Unidos.
El pasado 4 de agosto de 2021, México presentó una demanda ante una Corte del Distrito de Massachusetts contra 10 grandes compañías armamentistas, a las que acusa de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos se trafican ilegalmente al país para abastecer a los grupos del crimen organizado, provocando violencia. El 31 de enero de este año, entregó sus pruebas.
