Tomado de Forbes México
El Partido Acción Nacional (PAN) ha gobernado la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México desde 2000, no ha perdido una sola elección desde entonces. Esa demarcación es el bastión panista más importante de la capital, dominada por la izquierda desde hace 25 años. Y es ahí donde, en el mismo periodo, los vecinos han denunciado la instalación de lo que por años han llamado el ‘cartel inmobiliario de Benito Juárez’.
Dicho cártel inmobiliario de Benito Juárez estaría integrado por exservidores públicos de diferentes administraciones de la entonces delegación y hoy alcaldía. Así lo dejó ver el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises López Lara, cuando el sábado pasado anunció la detención de Luis Vizcaíno Carmona, quien fuera director General Jurídico y de Gobierno de 2009 a 2016 en los gobiernos de Mario Palacio y Jorge Romero, hoy diputado federal.
La Fiscalía General de Justicia señala a Vizcaíno Carmona de presunto enriquecimiento ilícito y lo vincula con 39 “inmuebles aparentemente relacionados con el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez, del que probablemente forma parte el aprehendido”, dijo Lara López el sábado pasado. Pero no es el único. Aunque no dio nombres, el vocero de la Fiscalía dijo que se investigan a más exfuncionarios de la alcaldía que estarían vinculados a esta agrupación.
Uno de los 39 inmuebles “aparentemente relacionados con el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez”, abundó el vocero, “es rentado por un exalcalde de dicha demarcación y que actualmente es diputado del Congreso de la Ciudad de México”. Se refería a Christian von Roehrich de la Isla, quien fue jefe delegacional en Benito Juárez de 2015 a 2018, y es gente cercana a Jorge Romero, exdelegado de 2012 a 2015.
Tras su detención en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno fue trasladado al Reclusorio Norte para ser puesto a disposición del juez y ahí se le dictó prisión preventiva justificada, por lo que seguirá en la cárcel en tanto se desarrolla el proceso judicial en su contra.
Permisos a cambio de departamentos
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Luis Vizcaíno estaría vinculado con un modus operandi desde la administración pública de Benito Juárez que consistía en otorgar permisos de construcción irregulares, que en algunas ocasiones violaban el uso de suelo, a cambio de que las empresas constructoras le entregaran departamentos a cambio. También estaría detrás de supuestos desalojos infundados con el objetivo de obtener predios para construcción.
“Existen indicios de que ‘Luis N’, a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, probablemente habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses”, informó Lara López el sábado pasado. Y añadió que estas acciones “redundaron en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico tanto de la demarcación como del partido político en el que milita”.
“Como director General Jurídico de 2009 a 2016 cedió a presiones de empresas constructoras para realizar desalojos de forma violenta y sin diálogo previo con el argumento de un supuesto reordenamiento de comerciantes ambulantes. ‘Luis N’ incluso ha sido investigado por el partido político en el que milita por una supuesta extorsión a empresarios a quienes en 2015 supuestamente les solicitó dinero a cambio de permitir la realización de una carrera deportiva en la alcaldía Benito Juárez”.
Según las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Luis Vizcaíno Carmona “es copropietario de un inmueble cuyo valor comercial superaría los 30 millones de pesos”, pero que en 2014 le fue vendida en 1.4 millones de pesos, “cantidad mucho menor a su costo real”.
Exdelegado pide imparcialidad
Debido a que la investigación sobre el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez está relacionada con un exfuncionario de su administración, el hoy diputado federal Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, emitió este lunes su postura sobre el caso condenando “cualquier conducta ilegal o indebida” y pidió a las autoridades judiciales y ministeriales “con total imparcialidad”.
Sin embargo, dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se inventa “cárteles imaginarios cuya única finalidad es comenzar la persecución política en contra de sus opositores. Acusamos de recibido el mensaje. Estaremos muy atentos al actuar institucional en este caso y refrendamos su frase favorita: ‘al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie, incluida Fiscalía’”.
Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de Luis Vizcaíno en su conferencia de prensa mañanera: “acaba de darse a conocer que el abogado de esa delegación (Benito Juárez), gobernada por el PAN, para dar permisos de construcción de edificios habitacionales pedía departamentos. Eso casi no se sabe, eso se los comento a ustedes aquí donde no nos escuchan, ni nos ven”, dijo a la prensa.
Por su parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló del modus operandi del llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez y negó que vaya a haber una persecución política en contra de funcionarios o exfuncionarios de dicha alcaldía. “No tiene nada que ver con lo político, es un asunto penal, absolutamente penal. Cuando es enriquecimiento ilícito es penal, no tiene que ver con lo político”, dijo.
“Es un modus operandi en donde estas personas que eran parte de la administración pública de Benito Juárez autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más aunque fuera ilegal a cambio de que hubiera departamentos para ellos. Es un modus operandi de algunos funcionarios que utilizaron su poder para enriquecerse ilícitamente y generar este boom inmobiliario asociado a corrupción”, criticó la mandataria capitalina.
