Smith & Wesson Brands SWBI.O, Sturm, Ruger & Co RGR.N, así como a Daniel Defense, de propiedad privada, son las compañías cuyos directores ejecutivos deberán comparecer el próximo 20 de julio ante el Congreso de Estados Unidos, en medio de las investigaciones por los tiroteos masivos en el país.
“Me preocupa profundamente que los fabricantes de armas continúen beneficiándose de la venta de armas de guerra, incluidos los rifles de asalto estilo AR-15”, apuntó la presidenta del comité investigador de la Cámara de Representantes, la legisladora demócrata, Carolyn Maloney.
Los representantes de los fabricantes de armas tienen hasta el viernes 8 de julio para responder al panel del Congreso sobre su citación.
La audiencia busca analizar la venta y comercialización de armas “y la amplia inmunidad civil que se ha otorgado a los fabricantes”, agregó la representante por el estado de Nueva York.
“Su testimonio es crucial para comprender por qué sus empresas continúan vendiendo y comercializando estas armas a civiles, qué medidas planean tomar sus compañías para proteger al público y qué reformas adicionales se necesitan para evitar más muertes a causa de sus productos”, escribió Maloney en las cartas enviadas a los CEO citados.
Los fabricantes de armas en la mira del Congreso tras los últimos tiroteos
Durante décadas Estados Unidos ha enfrentado masivos tiroteos a manos de civiles en escuelas, centros comerciales y en eventos públicos y con cada escena que deja pérdidas humanas, se abre un nuevo debate en el país por el control de armas.
Pero los hechos violentos registrados en las últimas semanas aparecen como la gota que derramó el vaso, pues conducen a esta indagación al interior del Legislativo.
Durante las celebraciones por el Día de la Independencia estadounidense, un joven de 21 años disparó alrededor de 70 tiros con un arma estilo AR-15 contra una multitud y dejó siete personas muertas.
Y el pasado 24 de mayo, otra escena similar en una escuela de Uvalde, Texas, dejó 21 personas muertas, 19 de ellas niños.
Dos días después, el 26 de mayo, el Comité de Supervisión y Reforma abrió una investigación sobre la venta de rifles de asalto a civiles por parte de los fabricantes de armas de Estados Unidos.
La reciente ola de ataques mortales deja más de 200 tiroteos masivos solo en lo corrido de este año.
Ante este panorama, un modesto paquete bipartidista de reformas de armas se convirtió en ley a fines de junio, pero el pasado 23 de junio la Corte Suprema de EEUU amplió por separado los derechos de los propietarios de armas. Un lapo de agua fría para quienes urgen a establecer límites para evitar más tragedias.
Tras el fallo del tribunal superior, algunos estados de EEUU se han movido de forma independiente para actuar en esa materia.
Cada vez que se registra un tiroteo masivo en Estados Unidos se abre paso a una reiterada petición: legislar el control de armas. Sin embargo, los demócratas y funcionarios a favor de la medida se tropiezan con la misma piedra: la fuerte resistencia de la Asociación Nacional del Rifle y los republicanos que la respaldan.
La Segunda Enmienda de la Constitución protege “el derecho a poseer y portar armas”. Y bajo esta legislación, Estados Unidos es uno de los países con menos limitaciones para adquirir esos artefactos.
En una nación donde el derecho a portar artefactos de fuego está consagrado en la Carta Magna y las ventas de estas por millones están aumentando, no está claro aún si la investigación en curso a cargo de la Cámara Baja impulsaría posibles regulaciones.
Con información de Reuters, EFE y France 24
