Coahuila.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante un juez federal a Ismael Eugenio Ramos Flores, quien fue secretario de finanzas de Coahuila en el gobierno de Rubén Moreira Valdez (2011-2017), por presuntos desvíos de recursos por alrededor de 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), en un esquema idéntico al de la llamada “Operación Safiro”.
La audiencia inicial de vinculación a proceso comenzó ayer ante un juzgado federal con sede en Coahuila y concluyó esta madrugada.
Ramos Flores, quien asumió el cargo el 20 de febrero de 2014, fue acusado por la FGR del delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades durante el ejercicio de su cargo en la administración de Moreira, que hoy es coordinador de los diputados federales del PRI.
El juez federal consideró que había elementos iniciales suficientes para presumir que los delitos se cometieron y que el imputado puede estar implicado, por lo que ordenó vincularlo a proceso y dio tres meses más de investigación a la FGR. Como medida cautelar se le retiró a Ramos Flores su pasaporte para que no salga del país, y se le pidió tampoco abandonar la ciudad.
La acusación señala que los 475 millones de pesos fueron desviados mediante 15 contratos simulados para la prestación de servicios como cursos y asesorías. En la audiencia los fiscales presentaron pruebas de que los servicios contratados se realizaron de manera irregular.
La investigación fue emprendida por la Fiscalía Anticorrupción de la FGR a raíz de una denuncia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por malos manejos del Fortafin, un fondo federal que fue creado por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y que era asignado de manera discrecional a los estados desde la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Ese mismo fondo fue utilizado presuntamente para triangular millones de pesos de recursos públicos entre la SHCP, el gobierno de César Duarte en Chihuahua y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI para financiar ilegalmente campañas electorales priistas, un mecanismo de desvíos bautizado como “Operación Safiro”, según una investigación iniciada por la Fiscalía General de Chihuahua en 2016.
Durante su permanencia como secretario de Finanzas de Coahuila, Ramos Flores administró casi 3 mil millones de pesos autorizados desde la UPCP que dirigía Isaac Gamboa Lozano, excolaborador de Luis Videgaray implicado en la “Operación Safiro” y quien fue asesinado junto con su familia en mayo de 2020.
De acuerdo con informes de Hacienda obtenidos por Animal Político, Ramos Flores suscribió a lo largo de 2015 cuatro convenios del Fortafin por 477 millones de pesos; en 2016, la cifra se triplicó y firmó nueve convenios por 1 mil 413.8 millones, y en 2017, suscribió siete convenios más por 1 mil 046.6 millones.
En 2016, el año en que el colaborador de Moreira recibió la mayor cantidad de recursos del Fortafin, hubo comicios en varios estados —12 gubernaturas estaban en juego—, y también fue el año en que se registraron los desvíos de recursos para la “Operación Safiro” de Chihuahua.
En 2017, hubo elecciones en Coahuila para la renovación de la gubernatura, que volvió a quedar en manos del PRI con Miguel Riquelme.
Además de Ramos Flores, la FGR investiga a Antonio Zerón Puga, exdirector general de la Secretaría de Finanzas, y Nazaro Salvador Iga Torre, exdirector de Adquisiciones, solo que estos dos exfuncionarios aún no son imputados ante un juez. La investigación también incluía a Edgar Julián Montoya de la Rosa, que era subsecretario de Egresos y Administración y quien falleció en 2018.
Estos no son los únicos coahuilenses que han sido involucrados en el caso “Safiro”. Testigos colaboradores de la fiscalía de Chihuahua señalaron al exsecretario priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ‘la Coneja’, como intermediario del CEN del PRI, la SHCP y los gobiernos estatales priistas.
Según la investigación de la fiscalía de ese estado, en 2016 fueron desviados desde la Secretaría de Hacienda de César Duarte 250 millones de pesos mediante contratos amañados para la supuesta impartición de cursos y talleres y para la adquisición de un software.
Los fiscales concluyeron que los servicios no se prestaron y que los “entregables” fueron fabricados. Para efectuar los desvíos, habrían sido utilizadas empresas fantasma designadas por el coahuilense Alejandro Gutiérrez, conforme declaraciones de testigos protegidos.
Los recursos malversados en la “Operación Safiro” provinieron de un convenio Fortafin por 275 millones de pesos suscrito por el entonces secretario de Finanzas de Duarte, Jaime Herrera, y la UPCP de Hacienda que dirigía Isaac Gamboa.
