Las jóvenes a partir de los 16 años podrán abortar sin permiso de sus padres, las reglas dolorosas y las interrupciones voluntarias del embarazo tendrán bajas laborales de tres a cinco días, habrá un permiso preparto remunerado desde la semana 36 y los centros educativos tendrán que ofrecer, de forma gratuita, los productos necesarios para la menstruación.
Estas son algunas de las cuestiones del borrador que maneja el gobierno y que el Ministerio de Igualdad confirma que el próximo martes irá al Consejo de Ministros. Ese documento, algunos de cuyos puntos adelantó la mañana de este miércoles la Cadena SER y al que ha tenido acceso EL PAÍS, no es definitivo.
Fuentes gubernamentales aseguran que el documento no ha sido consensuado dentro del ejecutivo, por lo que estará sujeto a cambios hasta ese día.
Puede ocurrir sobre todo en aspectos como la fiscalidad de los productos de higiene femenina o las bajas de tres días por menstruaciones incapacitantes o aborto —cuestiones ambas dentro del documento—, ya que necesitan el concurso de otros ministerios, como el de Hacienda o Sanidad. La ministra de este último ámbito, Carolina Darias, preguntada este miércoles por el borrador, ha afirmado que no se pronunciará hasta que no sea definitivo.
Entre las cuestiones más novedosas de este texto está, por un lado, ese permiso retribuido o periodos de descanso a partir de la semana 36. Y por otro, la inclusión en una normativa de la salud menstrual. Los tres días por reglas dolorosas o aborto, que serán ampliables a cinco y estarán bajo supervisión y control médico; la obligación de suministrar de forma gratuita los productos necesarios para la regla se extiende a los centros educativos, los penitenciarios y todos aquellos destinados a la atención de mujeres en riesgo de exclusión social; y contempla también la eliminación del IVA para los artículos específicos de la higiene femenina.
El aborto
Otros aspectos recogidos en el borrador vienen a confirmar algunos de los avances que ya desgranó a finales de febrero la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Entre ellos, y uno de los que más cambios conllevaría para el día a día de las mujeres y para el propio sistema sanitario de poderse llevar a cabo, es el de canalizar ese derecho desde los servicios públicos. “Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos”, dijo entonces Montero.
El borrador no recoge exactamente esa garantía, sino que alude a un acceso igualitario para todas las mujeres, residan donde residan, y especifica que de no ser posible en los servicios de salud [los públicos], se gestionará de forma que el derecho quede garantizado, se ejerza en un hospital público o en un centro o clínica acreditada. Es decir, tal y como lo recoge la actual legislación, la Ley del Aborto de 2010.
En cualquier caso, para garantizar el servicio del sistema público, esta propuesta de Igualdad recoge un registro de objetores de conciencia que se pondrá en marcha en cada autonomía y que también adelantó Montero el pasado febrero. Los profesionales que quieran inscribirse deberán hacerlo con antelación y por escrito, y, especifica el texto, estos objetores de conciencia lo serán tanto para el ámbito público como para el privado.
Otros puntos que también se conocían ya son, por ejemplo, la eliminación de los tres días de reflexión para abortar y la obligación de recibir información salvo que lo pida la mujer de forma expresa, o el mantenimiento de los plazos, es decir, que el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas como malformación del feto o peligro para la vida de la madre.
Anticoncepción y vientres de alquiler
El borrador de la nueva norma también toca los vientres de alquiler, que considera una de las formas de violencia contra la mujer: incluye la prohibición de la publicidad de las agencias, con sanciones, y va más allá. El anteproyecto dice que los tribunales españoles podrán perseguir a las parejas que recurren al extranjero para encontrar a una mujer que alquila su vientre, una práctica ilegal en España.
También incluye la gratuidad de los anticonceptivos hormonales, incluidos los de larga duración, y la píldora del día después; la distribución de estos métodos anticonceptivos en institutos en el marco de campañas de educación sexual; y, en el plazo de un año, la dispensación de anticonceptivos de barrera en centros educativos, los que ofrecen servicios sociales y en los penitenciarios.
El recurso del PP en el Constitucional
De aprobarse la norma tal y como está redactada en el borrador, quedaría configurada como una nueva ley y no como una reforma de la anterior, ya que introduce una disposición que deroga la normativa previa. ¿Qué conllevaría esto para el recurso que el Partido Popular interpuso ante el Tribunal Constitucional hace 12 años por la Ley del Aborto de 2010?
La posibilidad de que esta iniciativa legal pueda desactivar ese recurso es bastante remota. Primero, porque el actual Tribunal Constitucional se ha comprometido a resolver en los próximos meses un recurso que está pendiente desde hace 12 años y el proyecto de ley que prepara el Gobierno ni siquiera ha empezado a tramitarse en el Congreso de los Diputados. Si la sentencia del Constitucional rechazara el recurso del PP y avalara la ley de plazos de 2010, la nueva iniciativa legislativa del Gobierno tendrá un camino libre en el Congreso. Pero si el fallo considera inconstitucional la ley de 2010 por considerar que no se protege el derecho a la vida del no nacido (argumento empleado por los recurrentes del PP) entonces tampoco se podrá tramitar la nueva norma, que mantiene la interrupción libre del embarazo en las 14 primeras semanas. Antes de aprobarse esa iniciativa ya sería inconstitucional.
Por otra parte, en el supuesto de que el Tribunal Constitucional dejara sin resolver el recurso (sabiendo que hay una nueva ley en camino), tendrá que mojarse cuando esté aprobado el nuevo texto, porque quien recurrirá de nuevo la iniciativa será Vox. En ese caso, el tribunal contará para su veredicto con una mayoría de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores.
Información de El País
