Ciudad de México. “Estamos enojados, estamos encabronados”, resumió Mario González, uno de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al condenar la actuación y actitud de las fuerzas armadas frente a los hechos y la investigación. Advirtieron que en el contenido del video donde se aprecia a marinos alterando la escena, exigieron una investigación de la cadena de mando, que incluiría al ex presidente Enrique Peña Nieto y secretarios de Estado.
Al pronunciarse sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sostuvieron: “como no estar enojados si no solo estamos hablando de los mandos del gobierno pasado sino que estamos hablando de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad” dijo González.
En conferencia de prensa para fijar la postura frente al impacto del GIEI, los padres de familia dejaron claro que las fuerzas armadas persisten en la negativa de la apertura total de la información como lo demuestra el video de la manipulación de la Marina que se desconocía hasta ahora. Por ello demandaron abrir una carpeta de investigación en contra del Ejército por el ocultamiento de información.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales demandó que ese video sea entregado a la Fiscalía Especializada para que tenga consecuencias legales sobre la manipulación de la escena en el basurero de Cocula.
Sobre el contenido del video, destacaron que debe fincarse responsabilidades a partir de investigar la cadena de mando, porque los expertos del GIEI señalaron que para que el dron que tomó el video volara debió haber una orden o del ex presidente, Enrique Peña Nieto o de un secretario de Defensa o Marina.
Rosales advirtió que al derrumbarse esta verdad histórica construida con falsedades quedó claro el impacto real en la investigación porque implicó que durante cinco años se tuvo que luchar contra esta situación y se impidió que se abundara en otras líneas de investigación.
Al censurar la postura de las fuerzas armadas, González advirtió que la firma del decreto presidencial para crear la Comisión de la Verdad sólo sirvió para que los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina se tomaran la foto con los padres de familia porque a tres años no ha habido avances. Cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador justifique el entrampamiento en el respeto a la autonomía del poder judicial y dela Fiscalía General de la República cuando en realidad su instrucción de que se entregue toda la información no ha sido cumplida.
“Realmente creo que a la mejor debe dejar un poco las mañanera y enfocarse en los compromisos que tienen con el pueblo. Da mucho coraje la postura que esas instituciones del gobierno federal han tenido. Si ocultaron esto que más puede ocultar el que miente una vez mienta varias veces.. el gobierno solo sirve para sí mismo y no dar justicia al pueblo”.
Reconocieron que durante la última reunión celebrada con el presidente se tornó un poco ríspida porque ellos cuestionaron la apertura real de las fuerzas armadas. “Lamentablemente seguimos viviendo en un gobierno que en palabras dice todo sí, pero en los hechos no están dando nada.. no es nada fácil”.
A pesar de ello, tras conocer el tercer informe del GIEI pidieron una nueva reunión con López Obrador porque hay muchas cosas que plantearle para que avance la investigación.
Rosales comentó que el presidente afirma que se está dando toda la información, pero “lamentablemente no se le está dando en sede ministerial por lo que esto representa un gran obstáculo para la investigación. Durante todo este tiempo las fuerzas armadas han estado jugando sucio, demorando la entrega de información” cuando deberán contribuir al esclarecimiento de los hechos.
A nombre del Centro Miguel Agustín Pro (que acompaña junto con Fundar, Serapaz y el Centro Tlalchinollan a los padres), Santiago Aguirre cuestionó el obstáculo que representa la Fiscalía General de la República. Recordó que uno de los testigos clave fue ejecutado con mas de 20 balazos por personal de la fiscalía cuando se le iba a aprehender.
Aguirre señaló que las fuerzas armadas han incumplido las disposiciones del decreto que creó la Comisión de la Verdad porque no han entregado toda la información.
Información de La Jornada
