Eduardo Tapia Romero
La administración de lo público vive momentos complejos. La diversificación de los desafíos, la pluralidad de actores involucrados, los niveles de responsabilidad compartida, la interdependencia de las causas y la evolución incesante de los medios tecnológicos son algunos aspectos que describen esta complejidad. El rigor técnico en el ejercicio de gobierno parece imponerse como única solución para afrontar la crisis.
Sin embargo, el elemento necesario para equilibrar la ecuación es el democrático. El balance es entre eficacia y legitimidad. De aquí surgen preguntas: ¿A qué esquema de “gobierno del pueblo” debemos de mudar? ¿No entorpece la decisión mayoritaria la búsqueda de soluciones? ¿Cómo combinar la voluntad ciudadana con el rigor técnico? ¿Es funcional y necesaria la consulta ciudadana de decisiones durante el ejercicio gubernamental?
Pocos autores han sido tan claros en sus análisis y tan asertivos en codificar estos cambios y sus posibles vías de solución como el pensador español Daniel Innerarity. Este académico, especialista en filosofía política, se da a la tarea de repensar el término democracia en nuestra época y concluye que debemos enfocar la atención más en la institucionalización de la participación ciudadana más que en frecuentar mecanismos de democracia directa (consultas populares, plebiscitos o referéndums): “no se trata tanto democratizar el gobierno como de gubernamentalizar la democracia” (Una teoría de la democracia compleja, 2020)
Esto es, considerar que el voto no es el momento definitorio de la vida democrática, sino más bien el ejercicio de gobierno. Esto implica mudar de una idea delegacional de la democracia representativa a algo parecido a un modelo de “democracia monitorizada”, como lo llamaría John Keane (2009), donde existe una constante incidencia y vigilancia de la administración pública por parte de los ciudadanos. La tesis de fondo es que la legitimidad obtenida a través de elecciones limpias no es carta libre para el uso discrecional del poder.
Creo que la reflexión es pertinente y urgente para el tiempo en que vivimos: repensar la democracia implica un cambio en el rol del ciudadano.
En nuestra ciudad de Hermosillo la estructuración de mecanismos de participación de la sociedad civil es, a mi juicio, el mejor síntoma de madurez democrática de los últimos años. A través de ellos la ciudadanía ha tomado protagonismo en las decisiones clave, en el escrutinio del manejo de los recursos, en la selección de los cargos estratégicos, en la denuncia de excesos y el reconocimiento de los aciertos en la gestión pública, entre otras labores. El capital humano de la ciudad ha encontrado un espacio de influencia en las políticas que nos afectan a todas y todos.
Si bien se trata de mecanismos perfectibles, suman actores que inyectan experiencia, conocimiento y recursos a los aparatos gubernamentales. Además, aportan visibilidad y perspectiva de las problemáticas, sensibilizan y crean conciencia, dan voz a la ciudadanía y mantienen activo el canal de conexión entre representantes y representados.
Experiencias como los comités vecinales, los consejos ciudadanos, los foros abiertos, las mesas de especialistas, entre otros, son ejercicios de reciente incorporación en nuestra región. El proceso supone una curva de aprendizaje y de mayor democratización interna de los mecanismos. Era de esperarse. Sin embargo, la legitimidad lleva un tiempo de construcción y estos instrumentos son la única ruta de salida para aliviar la “fatiga democrática” de nuestra era (Van Reybrouck, 2017).
Nos encontramos en un momento clave para reconocer el camino recorrido. Blindar la participación ciudadana es una suerte de autoprotección. Por más alta votación obtenida, nada faculta a ningún individuo a considerarse “pueblo encarnado”. Lo único reconocible y reconocido somos los ciudadanos que cumplimos roles, a veces de gobernantes, a veces de gobernados. La administración pública es compleja, cambiante y, frecuentemente, impredecible. Por lo tanto, el gobierno democrático del siglo XXI será de riesgos compartidos con los ciudadanos o no será.
El autor es Profesor del ITESM Campus Sonora Norte y Miembro de la Mesa sobre Buen Gobierno y Participación Cívica de HCV.
