Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, lamentó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien en 2019 aseguró que tenía un litigio laboral con una de las empresas del político.
En entrevista para Heraldode Mexico, el exlíder del estado dijo que la reportera tenía el derecho de expresarse como lo hizo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que dijo temer por su vida ante una presunta amenaza de muerte.
Destacó que el único acercamiento que tuvo con ella fue más o menos hace un año y medio y tuvo como temática principal una preocupación que ella tenía sobre unos inmuebles que le pertenecían a la periodista. Descartó además que hablaran sobre el problema laboral que había entre ella y su compañía.
“Nosotros siempre estuvimos dispuestos a pagarle. Ahí están los documentos en la Secretaría del Trabajo”, dijo.
Agregó que nunca se involucró con los conflictos laborales de sus empresas, debido a que sus abogados se encargan de esto.
Descartó que él, su personal o cualquier persona ligada a él hubiera amenazado a Maldonado y aseguró que el hacer este llamado frente al presidente se hizo para convertirse en tendencia.
“Quizá sintió que esa era la manera de llamar la atención y lo hizo”, dijo.
Aseguró que a raíz de la declaración que hizo la periodista en la conferencia mañanera Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, lo llamó para indicarle que el mandatario pedía actuar ante la situación y proteger a Lourdes Maldonado.
Dijo estar dispuesto a declarar en caso de que la Fiscalía lo llame para declarar sobre el caso y dio a conocer que durante su administración no hubo ningún homicidio en contra de algún periodista.
Añadió que durante su gestión solamente se registró una amenaza en contra de un profesional de la información, pero se le brindó la atención necesaria a través del mecanismo de protección para el gremio.
Sobre esta estrategia de seguridad, dijo que fue su administración la que lo propuso y parece haber dejado de funcionar al momento que dejó el cargo, pese a las declaraciones que brindó el fiscal.
“El gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de proteger a todos sus ciudadanos”, dijo.
