Ciudad de México. El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, un nuevo marco legal que homologa este delito en todo el país, refuerza la protección a las víctimas, sanciona a servidores públicos involucrados en su comisión y establece normas estrictas para evitar el uso de celulares y otros dispositivos dentro de los reclusorios.
La aprobación en lo general se dio con 110 votos a favor, cero en contra, y fue enviada de regreso a la Cámara de Diputados tras incorporarse 21 cambios a 15 artículos, además de un artículo transitorio.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, destacó la gravedad del delito:
“La extorsión no solamente afecta el patrimonio, despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad. Hoy, las instituciones del Estado Mexicano y dentro de ellas este Senado de la República, tienen la oportunidad de demostrar, sin ambages, que México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que se realizaron 20 modificaciones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados y se añadió un artículo transitorio.
“No hay duda hoy que se consolida un mejor instrumento al servicio del pueblo mexicano, para cerrarle todas las rendijas a los extorsionadores y acotar la impunidad de este lacerante delito”.
Recordó que la extorsión es el tercer delito de mayor incidencia en México, con afectaciones patrimoniales y también daños morales, físicos o psicológicos.
“Además impregna de desánimo a la sociedad y genera enorme impotencia y frustración a las víctimas directas cuando no se castiga ejemplarmente o, lo que es peor, cuando queda impune y además se conoce de complicidades u omisiones en el actuar de la autoridad”, añadió.
Corral subrayó que la nueva ley fija reglas estrictas para el funcionamiento de los centros penitenciarios, debido a que una parte de las extorsiones se originan desde el interior de las cárceles. Para ello, se establecen mecanismos legales para bloquear comunicaciones ilícitas, prohibir el acceso a dispositivos electrónicos y garantizar que los penales operen como centros de control y readaptación social.
Los centros penitenciarios tendrán seis meses, una vez promulgada la ley, para implementar tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas y transmisiones de voz, datos o imagen. Asimismo, se prohíbe que las personas privadas de la libertad posean dispositivos electrónicos; quienes los porten serán sancionados con penas de 6 a 12 años, castigo que también se aplicará a funcionarios que permitan el ingreso de dichos aparatos.
La minuta también eleva la penalidad del tipo penal único, que originalmente llegaba a 15 años, hasta 25 años, con agravantes que pueden alcanzar 42 años para quienes extorsionen desde los centros penitenciarios.
El senador Inzunza precisó que el nuevo marco jurídico permitirá combatir la extorsión de forma uniforme en todo el país, al integrar una definición que contempla la evolución del delito. Además, señaló que se homologan las obligaciones para contar con unidades, policías, analistas y ministerios públicos especializados, evaluados y certificados para la investigación de estos casos.
