La Fiscalía General de la República (FGR) debe entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) información que tiene que ver con Emilio Lozoya, Odebrecht y OHL, determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por unanimidad, magistradas y magistrados resolvieron que la Fiscalía debe de proporcionar la información para que el INE pueda dar continuidad a cuatro carpetas de investigación que tienen relación con procedimientos de fiscalización.
Esto, ya que el INE ha señalado en más de una ocasión que uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta en las investigaciones que realiza, principalmente en lo que se refiere a fiscalización de recursos, es la negativa de autoridades a proporcionar la información requerida.
En 2017, el PRD y Morena presentaron diversas denuncias ante la autoridad electoral en las que alegaron, esencialmente, una probable aportación de ente prohibido a favor de la campaña del entonces candidato a presidente de la república, Enrique Peña Nieto. Los sujetos denunciados fueron los el PRI, el Partido Verde, Emilio Lozoya, así como las personas morales Odebrecht y OHL.
Para abril de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE le solicitó a la FGR información y copias respecto de diversas carpetas de investigación relacionadas con el tema denunciado, pero la Fiscalía negó la información y documentación requerida por el carácter reservado de esas carpetas, pues estimó que se encuentra obligada a salvaguardar el sigilo de las investigaciones.
El secretario ejecutivo del INE presentó entonces un juicio electoral ante la Sala Superior.
Este miércoles, en sesión pública de Sala Superior del TEPJF se presentó el proyecto elaborado por el magistrado presidente, Reyes Rodríguez, en donde declaró fundada la pretensión del INE pues, como se ha sostenido en ocasiones anteriores, el secreto ministerial no es oponible a la facultad de fiscalización de la autoridad electoral.
Por tanto, el pleno vinculó a la FGR para que le entregara al INE la documentación y la información solicitada, para que ese Instituto Electoral pueda cumplir con sus facultades constitucionales de fiscalización.
