Columna Contra las Cuerdas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en la protagonista más importante de la agenda nacional en las últimas horas: el Senado nombró ministra a una abogada cercana a López Obrador (Loretta Ortiz), después de presentar su candidatura tres veces.
Ya son cuatro integrantes del máximo tribunal de justicia propuestos por el Presidente, más la simpatía abierta de Arturo Zaldívar, da un total de cinco ministros afines a Andrés Manuel, en contra de quien, diferentes actores públicos, van a llevar una controversia precisamente ante la Corte por el #decretazopresidencial.
El voto contrario de estos cinco ministros más uno serían suficientes para bloquear cualquier controversia a la hora de ser votadas en el Pleno. Cada vez son más altas las posibilidades de que los asuntos recaigan en primera instancia, en manos de algunos de estos personajes, con posibilidad de dar un tratamiento tendencioso.
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Este miércoles 24 de noviembre se pondrá a prueba la democracia. Será analizada la controversia constitucional presentada por Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, en contra del acuerdo militar emitido en mayo de 2020 por el presidente López Obrador, quien decidió concederle facultades de la Guardia Nacional a marinos y soldados sin modificaciones al marco normativo desde el Congreso de la Unión.
El proyecto será discutido este día debido a que se pospuso como consecuencia de la pandemia y lo que se sabe, de acuerdo con fuentes confiables, es que a pesar de la relevancia del caso, la Corte pretende resolverlo en una sala, con solo cinco ministros presentes. Contacté a Laura Rojas para hablar del tema, pero optó por no dar ninguna opinión anticipada hasta esperar el resultado de la discusión en la Suprema Corte.
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La coalición legislativa Va por México (PRI, PAN y PRD) trae mal la brújula sobre los procesos para presentar controversias constitucionales para hacerle frente al #decretazopresidencial con el que el gobierno de la 4T busca ocultar los gastos ejercidos para el Tren Maya, Dos Bocas y todas las obras. Esto después de que el ejército fue evidenciado de crear empresas fantasmas para ejecutar contratos por 75 mil millones de pesos.
Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro, coordinadores del PRI, PAN y PRD, advirtieron que van a presentar una “controversia constitucional” para evitar que el gobierno oculte los gastos del Tren Maya, donde se centrará la mayor parte del presupuesto 2022, así como en el resto de las megaobras. Sin embargo, es el presidente de la Cámara de Diputados, el único facultado para presentar controversias constitucionales (me lo confirmó Laura Rojas) y en este caso Sergio Luna Gutiérrez, quien ocupa esa silla es de Morena y difícilmente aceptará firmar y llevar la controversia constitucional.
Lo que sí pueden hacer los grupos parlamentarios es presentar una “acción de inconstitucionalidad”, un mecanismo jurídico diferente a la controversia, cuando se considera que una norma general no respeta lo que establece la Constitución. Así que si la llevan redactada como aseguraron (Controversia -trata las invasiones de poderes–) se las van a rebotar.
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La coordinación de Movimiento Ciudadano de Jorge Álvarez Máynez analiza si recurren a la acción de inconstitucionalidad o a un amparo, mismo que puede ser presentado a la Corte por los grupos políticos o alcaldes, gobernadores… Con este último se pretende poner a trabajar a los ministros para que consideren jurídicamente qué es más importante, el derecho a preservar el medio ambiente y saber las consecuencias que tendrá el proyecto o el uso del Tren Maya para unos cuantos. También centrar el amparo en la violación al derecho a conocer información sobre los costos de ésta y las otras megaobras.
Uppercut: En el informe de labores 20-21 del presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, destacó un precedente en las elecciones más competidas de junio pasado: se decretó nulidad en 15 elecciones.
