Columna Agenda Abierta
Tradicionalmente, las reuniones bilaterales entre los gobiernos mexicano y norteamericano han versado con diferentes intensidades en aspectos básicos como la relación comercial, la migración, el tráfico de drogas y armas; así como con posiciones diversas, de acuerdo con la filiación política del principal huésped de la Casa Blanca.
En principio, en términos de migración, es evidente la diferencia de posiciones de los demócratas y los republicanos. En el caso de los primeros, como lo ha señalado Jorge Castañeda, siempre han sido partidarios de la legalización de los indocumentados, para brindarles un camino hacia su ciudadanización americana en el futuro.
Esta posición se alínea a la presunción, no del todo errada, de que otorgar la ciudadanía a los cerca de 12 millones de indocumentados, engrosaría las filas de los simpatizantes del “partido de Biden, de Obama, de Johnson, de Kennedy y de Roosevelt…”
Mientras que por el lado de los republicanos, hay una terrible resistencia no solo a la legalización de los indocumentados, sino una retrograda posición de no reconocer sus derechos humanos. Aún cuando los republicanos han sido partidarios de los programas de trabajadores temporales o estacionales, tanto en agricultura como en construcción, la jardinería y muchos otros servicios.
Esta posición marginal, se fundamenta en la demanda de este tipo de trabajos, de los principales bastiones republicanos, como son Texas y California.
En el marco de la visita a Washington del presidente López Obrador, sin duda se tratarán las dos posturas, pero privilegiando la visión demócrata de promover el reconocimiento de los trabajadores mexicanos, como en su momento fue planteado por Vicente Fox y el propio Jorge Castañeda, en la memorable política de la “enchilada completa”, que incluía la discusión de diversos temas, como tráfico de drogas y armas, pero abordando completamente el tema migratorio.
Hoy, a los referidos temas tradicionales se sumaran un par de puntos que mantienen vigencia y polémico debate. La propuesta de reforma eléctrica energética, que ha recibido en Estado Unidos y Canadá algunas manifestaciones de inconformidad y/o extrañeza, y por otro lado, la política de atención a la pandemia de Sars Cov 2, que ha sido objeto de señalamientos, no solo por parte de la Organización Mundial de la Salud, sino incluso por parte de una serie de segmentos ciudadanos y políticos de los Estados Unidos.
En el primero de ellos, el relativo a la propuesta de reforma eléctrica, se da con el ingrediente adicional de la comunicación del Gobernador de Texas, Greg Abbott al presidente Joe Biden, para instarlo a iniciar un “diálogo agresivo” sobre seguridad y energía, en la reunión que sostendría con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la carta enviada, Abbott le pide a Biden abordar con el presidente López Obrador, temas relacionados con la seguridad fronteriza, y “las recientes amenazas operacionales contra las empresas energéticas estadounidenses, por parte del gobierno mexicano”.
En paralelo, se alimenta el debate en México por las declaraciones de Jóse Ángel Gurría, ex Secretario General de la OCDE, quien ante organismos empresariales mexicanos estableció, que si el Gobierno de México no respeta los contratos ya firmados en materia eléctrica, tendrá que enfrentar consecuencias legales y financieras.
Gurría Ordoñez afirmó, que modificar los contratos vía “la contrarreforma eléctrica”, minará la confianza de los inversionistas, porque las regulaciones deben ser predecibles.
De manera adicional, tema obligado será el Covid 19 y los mecanismos de atención de la pandemia. En medio de señalamientos, en los Estados Unidos, por la excesiva concentración de la autoridad mexicana y la capacidad para tomar decisiones sobre la gestión de la pandemia, en una sola unidad de Gobierno, dentro del Poder Ejecutivo Federal.
Se ha publicado por diversos medios y señalado, por parte de analistas y especialistas, que en México hay una insuficiente deliberación sobre importantes decisiones en materia de política pública de salud, así como marginación de los órganos colegiados responsables de la política sanitaria, ubicando estas causas, como las principales fallas en el manejo de la pandemia en México.
Incluso de manera más precisa, la Universidad Johns Hopkins ha señalado que las muertes ocurridas en México no se debían únicamente a la pandemia, sino a otras enfermedades que no tuvieron atención durante la pandemia. Fundamentalmente, debido a la reconversión hospitalaria que impuso el Gobierno, para la atención total del Covid-19 y que saturó el sistema de salud, al privilegiar la atención de los contagiados por coronavirus. Según el reporte, las cifras oficiales de las autoridades de México, reportan un exceso de 326,609 muertes en 2020.
En este contexto se da la cumbre trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México, esperando que los resultados atiendan las problemáticas que afectan la región y despejen las dudas sobre los temas planteados.
Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
