México es el país con el mayor problema de abuso sexual en menores a nivel mundial, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este flagelo ha traspasado políticas de estado de diferentes gobiernos sin resolver un complejo problema estructural que se refuerza con la cultura del miedo, la falta de denuncias y la impunidad.
“De cada mil casos de abuso sexual cometidos contra menores en nuestro país, solo 100 se denuncia, y de estos, únicamente el 10% llega ante un juez. De ellos, solo el 1% recibe una sentencia condenatoria”, de acuerdo con cifras de la OCDE
Hablamos de una cifra negra de alrededor de 98%, y de una impunidad aun mayor, de un monstruo de muchas cabezas que no se ha analizado de manera interdisciplinaria ni se han articulado eficientemente estrategias transversales que logren erradicar estas violencias y garantizar una vida digna a las mujeres y la niñez en nuestro país.
El enemigo en casa
La cultura patriarcal es uno de los peligros mas grandes al que se enfrentan las mujeres a lo largo de su vida. Considerar a las mujeres como objeto de posesión ha sido parte de la educación colectiva que se reafirma en comunidad por diversos canales de comunicación dentro de los procesos de socialización.
Estar en casa, en el lugar geográfico donde se supone que la niñez debería estar segura y protegida, se ha convertido en uno de los lugares con mayor incidencia de violencia. Según la OCDE, el 90% de los casos de agresiones suceden contra las niñas dentro del hogar, y el agresor es en un 60% una persona cercana a la familia como padres, padrastros, tíos y vecinos, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Los problemas familiares se han considerado históricamente como asuntos privados, y esta creencia sigue agravando los problemas de abusos, violencias, y violación de los derechos de mujeres, niñas y niños dentro de los hogares. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) una de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad.
Violencia institucional
La inoperancia de las instituciones en la detección de la violencia infantil, así como en los procesos de atención, protección y seguimiento a las denuncias de mujeres víctimas de violencia desde una perspectiva de género, ha sido un detonador del gran porcentaje de impunidad, y consecuentemente de la no denuncia.
Las omisiones en la atención pronta y especializada, transgreden en muchos casos los derechos de las víctimas, revictimizándolas, haciéndolas pasar por largos e inoperantes procesos de dolor, vergüenza y miedo; y en un número importante de los casos, culpabilizándolas y dudando de sus testimonios.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Sonora establece como base para una vida libre de violencia, la transversalización de las acciones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia, que contemple la aplicación de diagnósticos, la realización de investigaciones sobre las causas de las violencias; y todo tipo de acciones preventivas y de fortalecimiento institucional para la atención y la sanción.
Toda violencia debe ser prevenible. Como un primer objetivo debe plantearse una transformación cultural y un cambio sustancial de las instituciones, que permitan generar cambios en los patrones patriarcales que rigen el sistema de creencias. En este sentido, es trascendental buscar eliminar los estereotipos que limiten la vida y libertad de decisión de las mujeres y su autonomía, pero también establecer programas de reeducación e incorporación de los hombres en la corresponsabilidad en las actividades de los hogares, en la educación y crianza.
La atención de las violencias debe ser garantizada a través de un apoyo integral y especializado que permita lograr la reincorporación de las mujeres, niñas y niños a una vida de oportunidades, libres de toda violencia y con la garantía de un sano desarrollo integral.
Promover una vida libre de todo tipo de violencia, requiere de esfuerzos coordinados que permitan el reconocimiento de derechos y la confianza en las instituciones.
