Un Tribunal federal confirmó la concesión de un amparo en favor de la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga, el cual anula la prisión preventiva que se le había dictado desde hace más de dos años, y se le ordena al juez del caso considerar la imposición de una medida cautelar distinta, como una prisión domiciliaria.
Es decir, el recurso abre la puerta para que la exfuncionaria federal recobre su libertad dentro de este proceso en el que no se ha demostrado si es culpable pues aún no se llega a la fase del juicio. No obstante, la FGR aún tiene en contra de la exfuncionaria una orden de aprehensión que no ha ejecutado por delincuencia organizada.
Fuentes judiciales confirmaron a Animal Político que, por decisión unánime de tres votos a cero, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado ratificaron el amparo que ya le había concedido a la exfuncionaria el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda.
Se trata de una decisión definitiva, y que ya no le permite ni a la Fiscalía General de la República ni a la Auditoría Superior de la Federación promover otros recursos.
Los magistrados federales, al igual que el juez de amparo, consideraron que los derechos constitucionales de Robles Berlanga fueron violados reiteradamente al habérsele impuesto una medida cautelar de prisión preventiva que hasta la fecha no ha sido bien justificada.
Robles está presa desde agosto de 2019 luego de que voluntariamente se presentó a comparecer a una audiencia en el Reclusorio Sur, tras ser imputada de presuntas omisiones que derivaron en desvíos de recursos dentro del caso conocido como La Estafa Maestra.
Pese a que nunca se giró una orden de arresto por este caso en contra de la exfuncionaria y a que los delitos que se le imputan no ameritan prisión automática, los fiscales de la FGR argumentaron que era necesario su encarcelamiento preventivo pues había riesgo de fuga, ya que contaba con diversos domicilios y con recursos económicos para escapar.
Sin embargo, a través de diversos recursos judiciales, la defensa de Robles encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta ha logrado desvirtuar, paulatinamente, la evidencia mostrada por la FGR para sustentar dicha prisión preventiva. Por ejemplo, demostraron que era falso que ella hubiera tramitado dos licencias de conducir con domicilios distintos.
Y en el último amparo ganado por Robles y ahora ratificado por el tribunal, el juez Mejía Ojeda argumentó que se había llegado al absurdo de querer sostenerle a la funcionaria un encarcelamiento sin ningún tipo de análisis.
“El juez (responsable del caso) soslayó expresar de forma objetiva los argumentos en que sostuvo tal conclusión. Tales inconsistencias impidieron determinar de manera fundada y motivada si, en el caso, procedía la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria”, indica la resolución.
¿Qué sigue ahora?
La decisión del Noveno Tribunal Colegiado ratifica de forma definitiva el amparo concedido a Robles el cual anula la prisión preventiva que ya se le había impuesto, y ordena al juez de control responsable del caso que se vuelva a llevar a cabo la audiencia en la que se tomó esa determinación.
Además, el amparo pone condiciones: no se podrán utilizar en la decisión nuevos argumentos y tampoco podrá considerarse la evidencia que ya fue desvirtuada. En cambio: debe analizarse la pertinencia de una medida cautelar alterna como es la prisión domiciliaria.
En caso de que el juez de control no lo considere procedente e insista en que la única opción es la prisión preventiva, la decisión deberá fundamentarse y justificarse. Ello respetando el marco legal que claramente refiere que la prisión preventiva es una excepción que solo debe dictarse cuando no es factible imponer ninguna de las 13 medidas cautelares distintas que se contempla en la norma penal.
En ese contexto, y una vez que el juez de control sea notificado por el tribunal del amparo concedido, deberá convocar a una audiencia para analizar este tema.
Cabe señalar, por otro lado, que la FGR cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de Robles. Se trata de un caso distinto por el cual fue procesada, y tiene que ver con malos manejos por más de 77 millones de pesos también con el esquema de “La Estafa Maestra”.
La Fiscalía tiene la posibilidad de cumplimentar esa orden en cualquier momento en contra de la exfuncionaria y frenar con ello su eventual liberación. En caso de que un juez la vincule a proceso significaría una nueva prisión preventiva para Robles, esta de forma automática pues los delitos que se le imputan son de los considerados graves.
Por este caso de delincuencia organizada ya hay cuatro personas procesadas y encarceladas, entre ellas un exfuncionario cercano a Robles que en su momento fungió como testigo colaborador de la propia Fiscalía.
