“Los resultados de los cambios políticos rara vez son los que sus amigos esperan o que sus enemigos temen” (Thomas Henry Huxley).
Se han cumplido dos semanas del inicio del nuevo gobierno, y se han encontrado retos descomunales: tenemos un Estado financieramente tronado, con una deuda que rebasa los 22 millones de pesos, lo cual es suficiente razón para apoyar un esfuerzo importante y congruente de austeridad y control del gasto, además de una fuerte gestión de recursos emergentes para “detener el cerco” mientras se controla el desastre heredado de las administraciones anteriores, con especial mención de las dos últimas.
Remendar la ruta hacia el progreso de Sonora no es cosa fácil, pero tampoco imposible. Se requiere un gobierno que no desperdicie recursos, que tenga el hábito de justificar cada gasto, que responda a las demandas de transparencia y austeridad, que sea capaz de reestructurar la administración pública para evitar la duplicación de funciones, la exageración y opulencia de sueldos y compensaciones, bonos, premios y prebendas a cargo del erario.
La realidad exige que se gaste con sentido social, que se privilegie la utilidad pública y se evite a toda costa el beneficio privado a costa del público, de suerte que sea un gobierno para todos y bajo la vigilancia de todos.
Lo anterior sugiere que la aplicación de auditorías y el establecimiento de responsabilidades es parte del quehacer obligado para romper inercias y complicidades perversas.
Frente a este panorama resulta preocupante ver que en el carro de la recuperación de Sonora aparezcan como pasajeros algunas muestras de la pedacería política del pasado reciente, o con perfiles sin relación con las altas funciones del Estado, pero ungidos gracias a su aparente proximidad con alguna autoridad emanada de la coyuntura del 2018; sin embargo, es de esperar que la mano amiga del presidente apoye los esfuerzos de poner orden en la casa, ahora a cargo del gobernador Durazo.
La reciente visita del primer mandatario de la nación puso el acento en la reconciliación y la justicia para la tribu yaqui, restituyendo las tierras que les había concedido por decreto el presidente Cárdenas, así como el distrito de riego que hará posible su progreso.
La bronca estará en qué tanto aprovecharán los yaquis auténticos estos beneficios y qué harán para evitar que los agricultores del valle sigan colgándose de las tierras y el agua de este pueblo para sus negocios particulares, o sus manipulaciones políticas a nombre de los pueblos originales.
El parasitismo político, el rentismo, la ignorancia y en buena medida la indolencia de los propios afectados ha sido la clave de la bonanza de ciertos agricultores gandallas, que aplaudieron a rabiar la petición que hizo Cuauhtémoc, el decrépito hijo del general Cárdenas, en su visita a la entidad, en el sentido de cancelar el Acueducto Independencia y dejar chiflando en la loma a Hermosillo.
El presidente AMLO fue prudente y dejó claro que existen formas de resolver el problema del agua sin dejar desprotegidos a los hermosillense. Para el presidente, la cancelación del acueducto no es de “obvia y urgente resolución”, y que bien que piense así.
Hablando de Hermosillo, la capital de los baches, tenemos que fue creado un nuevo organismo que, de funcionar, conjuntaría los esfuerzos ciudadanos con los del autoridad municipal para resolver problemas concretos en los barrios y colonias.
Hablamos de los comités vecinales que puso en marcha el nuevo presidente municipal donde la participación ciudadana será la clave del éxito, rescatando así el sentido de la institución municipal.
Al menos en la parte enunciativa, parece haber coincidencia con lo dicho por el gobernador cuando establece que el gobierno será “al ras de tierra”, es decir, en comunicación constante y propositiva con los ciudadanos.
Tenemos algunos asuntos pendientes, como son los relativos al estado y funcionamiento del Isssteson, tradicional caja no tan chica de los gobiernos anteriores, tanto como, por ejemplo, el DIF estatal o municipal, coto de caza de parientes y amigos de quien ejerce la autoridad ejecutiva.
Habría que revisar algunas leyes y adecuarlas a los propósitos transformadores nacionales y locales, sin caer en las simplezas de moda, sin hacer del Poder Legislativo la caja de resonancia de arrebatos pueriles y de dudosa urgencia y obviedad en su resolución. Se requiere y exige seriedad legislativa.
Seguramente merece revisión puntual la Ley Minera y la Ley de Aguas, facilitadoras de la entrega de los recursos nacionales (y locales) a la voracidad de las empresas trasnacionales, sobre todo canadienses, estadounidenses y otros depredadores del mundo anglosajón con pujos neocoloniales, lo cual adquiere particular relevancia a la luz de las existencia de Litio en nuestro territorio.
En ese mismo tenor, se debe abandonar la absurda idea de servir de reserva estratégica a los estados fronterizos del vecino del norte. Dejémonos de pamplinas tales como la “megarregión” y centrémonos en el desarrollo del estado y la región e impulsemos proyectos de integración, pero con el lado mexicano.
Hagamos crecer y desarrollarse a la entidad y la región, pero no a costa de nuestro futuro y soberanía. Querer es poder.
José Darío Arredondo López
