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lunes, septiembre 20, 2021

La cuenta pública 2020 del gobierno de Sonora, entre la pandemia y los grupos de poder

Germán Palafox
Germán Palafox
Docente e investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y presidente del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Convivencia del Estado de Sonora.

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La Cuenta Pública es la compilación de información anualizada (del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año) de carácter contable, presupuestario y programático que permite tanto a las dependencias públicas responsables de la operación, como a los entes fiscalizadores, a los académicos, y a la ciudadanía en general, contar con información acerca del manejo de los recursos públicos, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Ante la pandemia del Covid-19 era inevitable y necesario que la cuenta pública 2020 del gobierno estatal fuera modificada. Pero surge la duda de si las modificaciones que llevó a cabo el gobierno estatal respondieron y se orientaron a disminuir los nocivos efectos económicos y sociales que estaba originando la pandemia. Para responder esta pregunta es necesario hacer un análisis acerca de los montos y destinos de los recursos públicos en ese año.

Sin duda alguna, en los ámbitos social, político y económico, el Covid-19 fue el principal protagonista del año 2020 en el mundo. El virus se extendió por todo el planeta en cuestión de meses, provocando confinamientos masivos y una crisis sanitaria no vista desde la pandemia de la gripe española de 1918. Así, 2020 fue el año más atípico a nivel global de las últimas generaciones, a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, que consiguió paralizar medio planeta durante varios meses, y cuyas consecuencias a nivel sanitario, social y económico, todavía están muy presentes.

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El Estado de Sonora no quedó excluido de los severos efectos causados por la pandemia, sin embargo, es importante realizar un análisis, aunque limitado, y obtener una pequeña muestra de lo que fue la política de gasto implementado en el año cero por el actual gobierno, para conocer su verdadero desempeño en ese año tan crítico y difícil para la sociedad sonorense.

El 25 de marzo de 2020 se publica un decreto por el que la titular del Poder Ejecutivo de Sonora emite la declaratoria de emergencia, contingencia sanitaria y epidemiológica, y por la que se dictan medidas urgentes encaminadas a la conservación y el mejoramiento de la salubridad pública general del Estado, y que incluye diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del covid-19.

 A pesar de la difícil situación, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, captó recursos por $70 mil 131 millones de pesos, alcanzando un total del 99.65 % en relación al presupuesto aprobado para ese ejercicio. Esto habla del enorme esfuerzo realizado por la sociedad en el pago de sus impuestos, así como de la captación de los recursos federalizados. Por otra parte, el gasto programado de ese año ascendió a 70 mil 870 millones de pesos, pero solo se pagaron 68 mil 753 millones de pesos, es decir, una diferencia de mil 275 millones de pesos, que se sumara como deudores pendientes de pagar en 2021.

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En esta entrega se comprobará el excesivo gasto superfluo que realizó el gobierno de Sonora en un año afectado por la pandemia del coronavirus, año en el que era necesario no solo ampliar y reforzar el uso socialmente eficiente de los recursos públicos, sino hacerlo con una mayor transparencia. Pero como veremos, el gobierno de Claudia Pavlovich no llevó a cabo las modificaciones pertinentes al presupuesto, y por el contrario, decidió seguir privilegiando a los grupos de poder por encima de la sociedad.

Para demostrar lo anterior se revisará la cuenta pública 2020 en lo relativo al capítulo 3000 o denominado “Servicios generales”, según la clasificación económica. Entre los principales gastos que se incluyen en ese capítulo se encuentran: básicos (luz, agua, gas, telefonía), de arrendamiento, profesionales (asesorías y consultoría, entre otros), bancarios y financieros, de mantenimiento, de comunicación social y publicidad, viáticos, y gastos de ceremonias.

En el capítulo de servicios generales se presupuestaron mil 171 millones de pesos, pero se modificó de tal manera que la cifra final fue de 2 mil 036 millones de pesos; esto es, un incremento de casi mil millones de pesos. Usted se preguntará hacia dónde dirigieron nuestras autoridades esa gran cantidad de recursos en el año de la pandemia, en un rubro que no tiene ningún impacto en términos sociales, particularmente en salud, ni en términos económicos para la región. Veamos:

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En lo relativo a Servicios profesiones, técnicos y científicos se presupuestaron 324 millones, pero se gastaron 679 millones de pesos; es decir este rubro presentó un incremento de 355 millones de pesos, un poco más del 100 %, lo cual es un insulto para la sociedad sonorense.

Por otra parte, el presupuesto asignado para comunicación social y publicidad aprobado por el Congreso fue de 52 millones, pero el gobierno lo amplió a 137 millones, un incremento de 84 millones de pesos, que representó un incremento del 160 %. Es importante señalar que este gasto corresponde al Ejecutivo, por lo que habría que sumar el gasto realizado en comunicación por el Congreso estatal y los organismos autónomos lo que nos arroja un gasto total en comunicación social y publicidad, de 900 millones de pesos.

En cuanto a los servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación, el recurso aprobado fue de 174 millones, pero con la ampliación finalmente ascendió a 355 millones de pesos, por lo que este rubro registró un incremento de 184 millones de pesos, que representa más del 100 %. Como yo, seguramente usted también supuso que esos recursos serían destinados para mantener en buenas condiciones las instalaciones de edificios, entre ellos las escuelas, pero si vemos las precarias condiciones en que se encuentran, nos damos cuenta que es un verdadero desastre. Y como si los resultados lo respaldaran, en este 2021 el gobierno estatal está solicitando entre 100 y 120 millones de pesos para la reparación de las escuelas.

En servicios de arrendamiento el Congreso del Estado aprobó 110 millones de pesos para el pago de la renta de edificios y oficinas, sin embargo, el recurso para ese servicio se amplió a 224 millones, cifra que representa un incremento de 114 millones, más del 100 %. Resulta paradójico que en un año en el que los edificios del gobierno del Estado permanecieron vacíos, se rentaran más espacios, o ¿serán las rentas de cuartos de hotel que se utilizaron para atender a personas contagiadas de COVID, lo que explica ese incremento? La interrogante que queda es la siguiente: ¿adónde se destinaros esos 114 millones de pesos?

Finalmente están los recursos asignados a “otros servicios generales”, y para los que el Congreso autorizó 113 millones, sin embargo, y para no variar, las autoridades hacendarias gastaron 259 millones de pesos, cifra que representa un incremento absoluto de 145 millones de pesos, el 126 %. Sería importante desglosar en qué consiste o cuáles son esos otros servicios generales, ya que el recurso destinado a ese rubro fue un verdadero exceso.

Estos datos, una pequeña muestra del uso que hizo el gobierno de Claudia Pavlovich de los recursos públicos durante algunos de los meses más difíciles de la pandemia, confirman que el diseño de la política de gasto fue dirigido más para el beneficio de los grupos de poder, que para mejorar la difícil situación de salud y económica por lo que atravesaba la sociedad sonorense. Si realizamos el mismo ejercicio para el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos, los organismos paraestatales, la cifra, solo en el capítulo de Servicios Generales, podría oscilar entre los 3 mil y 4 mil millones de pesos. Los grupos de poder en el Estado son insaciables, y nada o muy poco, les ha interesado lo que está padeciendo la mayoría de la población, especialmente los sectores más desprotegidos. Los excesos en la ampliación de recursos en el capítulo de servicios generales, en beneficio de los grupos de poder en un año tan crítico para la salud y la economía de las familias sonorenses, muestra el sello y el verdadero interés de la casa PRIAN. El sexenio de Claudia Pavlovich dedicó todas sus fuerzas y puso todo su empeño para beneficiar a los grupos de poder y ese año crítico lo confirma.

Si el gobierno de Claudia Pavlovich hubiera estado realmente preocupado por reducir el gasto en servicios no básicos, hubiera propuesto un decreto para el presupuesto 2020, en el cual el techo de gasto sería, por citar un ejemplo, 1,000 millones de pesos, y que prohibiera ampliaciones o transferencias entre cuentas; con ello hubiera evitado un gasto de  3 mil 500 millones de pesos, que muy bien se hubieran podido destinar al funcionamiento del nuevo Hospital General. Seguramente el gobernador electo Dr. Alfonso Durazo Montano ya tiene contemplado diseñar esta política de ahorro

Con o sin intención, un mal diseño del gasto de los recursos públicos es estar fuera de la lógica en cuanto a lograr un uso socialmente eficiente de esos recursos, y alcanzar un presupuesto sustentable, algo que el gobierno actual tanto pregonó.

La buena noticia para la sociedad sonorense es que Claudia Pavlovich ya se va, y con ella también los privilegios de los que gozaron los grupos de poder en Sonora.

Bienvenido el nuevo gobierno.

Carlos Germán Palafox Moyers

Docente e investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y presidente del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Convivencia del Estado de Sonora

Aviso

La opinión del autor(a) en esta columna no representa la postura, ideología, pensamiento ni valores de Proyecto Puente. Nuestros colaboradores son libres de escribir lo que deseen y está abierto el derecho de réplica a cualquier aclaración.

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