La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado al Gobierno de México a que la investigación en curso sobre el mal uso del software Pegasus “sea completa, efectiva e imparcial y derive en la sanción efectiva a quienes resulten responsables”.
Así mismo, llamaron a “garantizar la adopción de las medidas necesarias para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos, la participación pública y las garantías a la oposición política. Esta investigación debería incluir la identificación plena de las víctimas de espionaje o intento de espionaje, así como la posibilidad de informarlas de ello. El Estado mexicano informó que está propiciando la realización de la investigación respectiva”, señalaron.
En un pronunciamiento conjunto, expresaron su preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización del software Pegasus para espiar a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas con liderazgo público que ejercían oposición al gobierno.
Esto, luego de que se diera a conocer la investigación Pegasus Project.
La información hecha pública recientemente se suma a las denuncias que al menos desde 2017 vienen realizando organizaciones, personas defensoras y periodistas, respecto al uso de ésta y otras herramientas de espionaje en México y otros países de la región”, recordaron.
“En este sentido, la CIDH, su RELE y la ONU-DH recuerdan que es imperativo que los Estados limiten el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda tener injerencia en las comunicaciones privadas de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos. Además, este uso debe estar delimitado en forma clara y precisa en la ley, ser excepcional y operar en función de lo estrictamente necesario; además, debe contar con autorización judicial previa y una supervisión constante de los organismos estatales pertinentes”, anotaron.
Y refirieron que como lo señaló la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el uso de softwares de vigilancia ha estado vinculado al arresto, intimidación e incluso al asesinato de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual es sumamente preocupante.
Resaltaron que este tipo de prácticas no solo vulnera el derecho a la privacidad, sino que también tiene el potencial de afectar la integridad de sus fuentes y otras personas de su entorno.
Además, señalaron que este tipo de hechos involucra la responsabilidad tanto de los Estados como de las empresas.
“Es importante reiterar el deber de las compañías privadas de adecuar su actuación a derechos humanos, y las obligaciones de los Estados de debida diligencia, transparencia y rendición de cuentas, especialmente en términos de contratación y supervisión de los servicios prestados por actores privados”, acotaron.
“Finalmente, es fundamental reiterar el llamado a la moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos“, concluyeron.
