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lunes, mayo 25, 2026

Realizan investigación contra Vargas; incluyeron en proceso a esposa, cuñado, 5 empresas y 105 millones

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Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– Además de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito por 36 millones de pesos, el magistrado José Luis Vargas Valdez, a quien cinco de los siete ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) removieron de sus funciones como presidente en una sesión que él desconoció, enfrenta otra por operaciones de casi 107 millones de pesos, en la que están involucrados Mónica y Peter Bauer Mangelberg López, su esposa y cuñado, así como cinco empresas.

Se trata de las empresas Inmobiliaria Pasavaba, S.A de C.V., Inmobiliaria Schlafrau, S.A. de C.V., NERIX, S.A.P.I. de C.V., Consorcio de Litigio Estratégico, S.C. y Asesoría Estrategia Total, S.C., vinculadas a operaciones financieras por 106 millones 915 mil 904 pesos con 38 centavos, que involucran a Vargas Valdez, a su esposa y cuñado.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investiga estas operaciones luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentara, el 22 de junio, una denuncia contra el Magistrado Vargas Valdez, su esposa, cuñado y empresas, la cual es diferente a la que presentó, el 19 de febrero de 2020, cuya investigación está también en curso por mandato de un juez.

En esta nueva investigación se involucra al abogado Peter Bauer Mangelberg López, quien fue representante legal ante el Tribunal Electoral de los panistas Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, Gobernadora y Senador de Puebla, cuando fallecieron en un accidente de helicóptero, el 24 de diciembre de 2018.

José Luis Vargas Valdez fue removido este miércoles de la presidencia del Tribunal Electoral luego de que cinco de los siete magistrados que integran esta instancia pidieran una revisión a su mandato, situación que llevó a Vargas a suspender la sesión. Posteriormente, los magistrados inconformes reanudaron las actividades de la Sala Superior para acordar la remoción de Vargas Valdez, de quien señalaron precisamente la investigación en su contra.

En la misma sesión virtual se votó por unanimidad al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, un personaje cercano al panista Roberto Gil Zuarth, quien también es indagado por la Fiscalía General de la República por movimientos financieros de casi 63 millones de pesos en 2012, año en el cual fue coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota.

En respuesta, el Magistrado José Luis Vargas Valdez aseguró que no puede ser destituido porque en el TEPJF no existe la figura de revocación de mandato, por lo que desconoció a Reyes Mondragón como Magistrado presidente.

La elección de la presidencia del Tribunal es por un periodo fijo y no existe la figura de revocación o destitución por el Pleno de la Sala Superior como forma de terminación del encargo”, resaltó en un video transmitido la tarde del miércoles donde recordó que su gestión terminará en noviembre de 2023.

“Lo sucedido constituye una ruptura constitucional ilegal, por lo cual esta presidencia sigue y seguirá llamado al diálogo, a la serenidad, a la institucionalidad. La única forma de resolver cualquier diferendo es través del diálogo, y de no ser el caso, con el respecto irrestricto a las normas que regulan nuestra función”, agregó Vargas Valdez.

El 15 de junio, días después de las elecciones más grandes de la historia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, determinó el no ejercicio de la acción penal contra Vargas, pero luego de que la UIF impugnó la decisión, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia ordenó una nueva investigación contra Vargas por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita de 36 millones 487 mil pesos.

ero la nueva denuncia contra Vargas Valdez, Mónica y Peter Bauer Mangelberg López, su esposa y cuñado, así como cinco empresas, involucra a casi 107 millones de pesos, según la denuncia de la UIF, que presume el uso de recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con lo que investiga la FGR, se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de Mónica Bauer Mengelberg López que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria.

También, según las pesquisas, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad.

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