El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, distribuyó entre los integrantes de este organismo el proyecto de dictamen para declarar procedente el desafuero contra el diputado Mauricio Toledo por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no hay fecha para que se discuta el documento.
En este se señala que si bien a partir de 2009 Mauricio Toledo tuvo “ingresos importantes” como diputado federal, incluyendo un préstamo por “una suma relevante” que afirma haber obtenido de la Cámara de Diputados en 2010, se desprende la adquisición de dos inmuebles y un vehículo de lujo entre 2010 y 2011, cuyo valor en aquél entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a 2 millones de pesos.
Además, menciona que en cuanto al valor de uno de los inmuebles adquiridos en la alcaldía Tlalpan, entre la Fiscalía y la defensa, existe una discrepancia superior a los 10.5 millones de pesos.
“Ello, toda vez que el avalúo ofrecido por la Fiscalía contempla que, al año en que fue adquirida, la finca costaba más de 16 millones de pesos, contra los 5.5 millones que fueron pagados, conforme lo que destaca la defensa. Al respecto, se considera que el órgano instructor de la Cámara de Diputados no debe resolver el diferendo mediante peritaje en discordia, pues esa resolución es propia del procedimiento judicial en el que, en su caso, se dilucide el grado de enriquecimiento que el bien aporta al patrimonio del inculpado”.
En otro aspecto de su acusación, la Fiscalía alude que en las declaraciones patrimoniales que ha presentado Mauricio Toledo como servidor público entre los años 2012 a 2018, reportó ingresos por más de 9.4 millones de pesos, lo que no corresponde -asegura la Sección Instructora- con la realidad de los ingresos netos recibidos en ese lapso que es por más de 20.8 millones de pesos, lo que representa una diferencia de más de 11.4 millones.
En el proyecto de Dictamen se menciona que entre los ingresos reportados por el diputado por el PT en sus declaraciones patrimoniales y aquellos registrados en recibos, cheques, constancias e informes de autoridad, existe una discrepancia, particularmente en 2017, que asciende a un millón 513 mil 928 pesos.
“Recursos que, se insiste, fueron declarados por el servidor público pero cuyo ingreso no pudo ser corroborado en los medios de convicción recabados”, se señala.
Del expediente se desprende que en 2017, el exdelgado en Coyoacán obtuvo ingresos por presuntas prerrogativas cobradas en efectivo por más de 2.5 millones de pesos, pero “no obra respaldo documental que justifique que efectivamente fue percibida esa cuantía y en esa forma de pago; como tampoco, en su caso, probanzas que acrediten su legal procedencia”.
También, se lee que “llama la atención” que en 2019 Toledo compró dos departamentos en “distinguidos conjuntos habitacionales” de la CDMX el mismo día y a la misma persona, quien es uno de los personajes cercanos al diputado durante el periodo investigado, tanto en el servicio público como en transacciones privadas.
Circunstancias de las cuales resulta que esta última conducta puede estar encaminada al ocultamiento de los bienes y activos adquiridos por el propio inculpado”.
El proyecto contiene que se tenga por acreditado que en el desempeño de Mauricio Toledo como servidor público existen cuantiosos ingresos que no están justificados y que en su actividad económica privada existe sospecha en cuanto a la licitud en la procedencia de esos recursos extra gubernamentales o privados.
“Se determina, con ello, la existencia del delito de Enriquecimiento Ilícito y la probable responsabilidad del C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez“.
El dictamen, una vez aprobado en la Sección Instructora, será remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que lo discuta San Lázaro erigida en Jurado de Procedencia.
Fuente: Forbes
