Desde el inicio de la pandemia y hasta enero de 2021, casi 3 mil personas enfermaron de covid en centros penitenciarios de México y se registraron 176 muertes por la enfermedad, de acuerdo con el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2020, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Además de los casos 2 mil 988 casos confirmados, la CNDH documentó que hubo 210 sospechosos de covid y 68 defunciones por sospecha. También se tiene registro de tres casos de riñas, disturbios y otros incidentes violentos que pudieron tener como origen las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades.
De acuerdo con el reporte, la mayoría de los contagios fueron registrados en los Centros de Reinserción Social (Cereso), con 2 mil 669 casos acumulados, 202 sospechosos, 163 muertes por covid y 67 por sospecha. En estas instituciones se presentaron dos conatos de riñas.
En los Centros Federales de Reinserción Social (Cefereso), que se encuentran en segundo lugar, se han presentado 318 contagios y una sospecha, 13 defunciones y 1 muerte por sospecha. Fue en una de estas prisiones donde se registró el tercer disturbio como consecuencia de las medidas sanitarias.
Según los registros de la CNDH, en cárceles militares solo se ha presentado un caso confirmado.
El documento revela que los tres centros con más casos son el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (con 308 casos recuperados, 11 activos y 25 fallecimientos), el Reclusorio Preventivo Varonil Sur (321 recuperados, 5 activos y 6 defunciones), y el Reclusorio Preventivo Varonil Norte (262 recuperados, 17 activos y 9 muertes).
Por entidad, la mayor cantidad de casos se dieron en la Ciudad de México (mil 407), seguida por Puebla (358), Chihuahua (129), Colima (94) y Jalisco (91).
Coahuila (1), Michoacán (2), Tlaxcala (3), Baja California (5), Durango (5), Guanajuato (6) y Nayarit (6) reportaron menos contagios.
La mayoría de los contagios ocurrió entre personas de entre 20 y 50 años: 907 hombres y 74 mujeres.
El diagnóstico señala que aún persisten deficiencias en centros penitenciarios como insuficiencias en los servicios médicos, de recursos materiales, infraestructura, sobrepoblación, hacinamiento, deficiente acceso a servicios para grupos de atención prioritaria, lo que no permite “garantizar las condiciones mínimas necesarias que concedan una vida digna en reclusión de las personas privadas de la libertad”.
