En México, entre septiembre de 2020, fecha en que inició el proceso electoral, y el 30 de abril de 2021, la organización Integralia contabilizó 169 incidentes de violencia política en México, que dejó un saldo de 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales y el resto resultaron heridas.
Marzo fue el mes con el mayor número de asesinatos al sumar 18, siendo el partido Morena y otros representantes de partidos y organizaciones políticas locales o independientes, los que tuvieron mayor número de decesos con el 20 y 21% respectivamente.
El informe indica que 23 mujeres fueron víctimas mortales y 120 eran hombres; Veracruz tuvo el número más alto de víctimas, siendo 16 los que padecieron actos violentos no fatales y 17 fallecieron.
Los estados que concentran el mayor número de asesinatos de actores políticos son: Oaxaca (19), Veracruz (17), Baja California (13), Guanajuato (12) y Jalisco (9).
“Buena parte de los incidentes los llevan a cabo miembros del crimen organizado que buscan coludirse o controlar a gobiernos locales para dominar mercados ilícitos (huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión)”.
También indica que la violencia política se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, así como por los altos niveles de impunidad.
Destaca que un alto porcentaje de estos incidentes se ha registrado en municipios de menos de 100 mil habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de fuerzas federales. PUBLICIDAD
El estudio también indica que 43.2% de los incidentes de violencia política fueron en contra de funcionarios en activo, 32.6% en contra de militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 12.4% en contra de ex funcionarios y 11.8% en contra de activistas y periodistas.
Protección a candidatos
Integralia explica que el 4 de marzo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció que el gobierno federal ofrecería protección a candidatos amenazados durante el proceso electoral de 2020-2021.
Desde entonces, se aclaró que la Guardia Nacional sólo resguardará a aspirantes a gubernaturas y diputaciones federales, mientras que las policías locales estarán a cargo de la protección de candidatos a sindicaturas, regidurías, diputaciones locales y presidencias municipales.
“Si bien la secretaria Rodríguez ha dicho que ya se ha brindado protección a 117 candidatos, en marzo y abril la estrategia no logró una disminución significativa en el número de asesinatos de actores políticos.
“Además, no se han anunciado medidas específicas para capacitar a los elementos de las policías locales y de la Guardia Nacional que participarán en estas tareas, ni para reducir los altos niveles de impunidad que imperan en torno a estos fenómenos delictivos”, destacó Integralia.
