Columna Agenda Abierta
Ahora que andamos inmersos en una vorágine de campañas escuchando propuestas y promesas, merece la pena hacer una reflexión respecto a lo que debiéramos esperar de aquellos que pretenden encabezar los ayuntamientos y así tengamos claro qué se espera de aquellos que estarán en la boleta el próximo 6 de junio.
Es muy común escuchar de los serios problemas financieros que tienen los ayuntamientos y las dificultades que eso representa para brindar seguridad y prestar con eficiencia los servicios básicos al ciudadano.
Es frecuente comprobar que en muchas ocasiones ni siquiera tienen dinero para la gasolina de las patrullas o incluso deben pedir préstamos o anticipos en sus participaciones para cubrir los aguinaldos de sus trabajadores.
En un análisis serio podemos concluir que no es entregando más recursos a los ayuntamientos, o adelantando las participaciones, como se solucionarán estos y otros problemas; eso es un error, ya que jamás existirá dinero o presupuesto suficiente que alcance desde esta óptica.
En 2006, los 72 ayuntamientos de Sonora gastaron en conjunto 4,901 millones de pesos, mientras que en 2019 sus egresos totales ascendieron a 12,052 millones de pesos; es decir, en 13 años aumentaron su gasto en un 146%.
En contraste, en el mismo lapso de tiempo, el Producto Interno Bruto (PIB) de Sonora aumentó un 145%. En otras palabras, los municipios de Sonora elevaron su gasto a la par de lo que creció la riqueza y el ingreso en el estado.
Pero si han aumentado su gasto por encima de lo que ha crecido la economía estatal, entonces ¿A qué se debe que hoy tengan más problemas financieros? ¿Y por qué la infraestructura y los servicios de los municipios se encuentran deteriorados?
Primeramente, han elevado su gasto a base de deuda, no de ingresos propios.
En 2006, el saldo de la deuda directa de los ayuntamientos sonorenses era de sólo 841 millones de pesos, mientras que en 2020 ascendió a 4 mil 753 millones. En otras palabras, en los últimos 14 años incrementaron su endeudamiento en 465%.
Obviamente este endeudamiento ha obligado a los ayuntamientos a pagar más por el servicio de la deuda. En 2006 los municipios sonorenses erogaban por este concepto 314 millones de pesos, mientras que en 2019 desembolsaron mil 068 millones, un incremento de 240%.
Los municipios en el país han venido, a lo largo de los últimos 25 años, incrementando de manera sostenida sus actividades, personal y/o funciones.
En algunos casos con la mística y vocación de servicio a la comunidad y en otros, con la firme intención de incrementar la nómina para atender compromisos de campaña, articular una estructura afín de promoción o desarrollar actividades clientelares con un claro objetivo de carácter electoral.
En síntesis, los ayuntamientos han descuidando sus obligaciones básicas y han asumido responsabilidades que por ley no les corresponden y deben atender otros niveles de gobierno.
Un caso concreto son las direcciones de desarrollo económico municipal. Este tema no corresponde a los municipios, sino al estado en materia de promoción y a la federación en el establecimiento de la política industrial del país.
Sin embargo, en Hermosillo, a inicios de la década del 2000 se abrió una dirección de desarrollo económica, la cual inició con dos trabajadores. Al paso de una década, esa misma dirección ya operaba con 75 empleados, pese a que –insistimos- el desarrollo económico no es función de los ayuntamientos.
Otras áreas que no corresponden a los municipios, son las de desarrollo social y las de promoción de eventos deportivos, por citar algunos ejemplos.
Esto ha tenido como resultado que los ayuntamientos hayan “inflado” peligrosamente sus nóminas. En 2006, los 72 municipios de Sonora gastaron en nómina 2 mil 140 millones de pesos, mientras que en 2017 destinaron a este rubro 4 mil 306 millones, más del doble.
En el caso de Cajeme, en 2006 gastaba en nómina 265 millones de pesos, mientras que en 2019 erogó 618 millones, un 133% más. En Hermosillo, la nómina aumentó en el mismo lapso de 550 a mil 375 millones de pesos, acumulando un alza de 150%.
Este incremento ha desvirtuado el verdadero papel que tienen los ayuntamientos como servidores de una comunidad en aspectos básicos pero relevantes, necesarios para elevar la calidad de vida y garantizar la seguridad personal y patrimonial de los vecinos.
Los municipios deben atender con sus recursos y personal los asuntos de seguridad preventiva y de tránsito, servicios básicos como el alumbrado, agua potable y alcantarillado, recolección de basura y pavimentación.
Lo que no figure en estas responsabilidades, definitivamente debe ser desechado y perfectamente evaluado por los cabildos, instancia que debe poner alto a los niveles de endeudamiento sin sentido, o bien dirigido a otros aspectos que no tengan que ver los rubros esenciales.
Para solucionar sus problemas de fondo, lo que los ayuntamientos deben hacer es volver a lo básico; es decir, a las obligaciones que tienen por ley ante los ciudadanos.
Por Moisés Gómez Reyna
Twitter: @gomezreyna
