Después de vivir juntos poco más de un año, Luis Azamat y Gustavo Mayén decidieron dar lo que para ellos es el siguiente paso en su relación: casarse y comprar una casa. Durante dos meses evaluaron opciones de inmuebles en internet. El fraccionamiento La Viña Residencial, de la empresa Opción Desarrollos Inmobiliarios, fue el que más les gustó. Les pareció bonito, con buena ubicación y a un precio accesible.
Los vendedores de todas las inmobiliarias a las que llamaron o escribieron fueron muy amables cuando la pareja los contactó para pedir informes. También Lucía Rueda lo fue al inicio, incluso le insistió a Luis que la buscara a ella para atenderlo personalmente si se decidía por su fraccionamiento. Pero la amabilidad desapareció cuando al checar el CURP -una clave de registro individual que se usa en México para todos los trámites- descubrió que la pareja de Luis no era una mujer sino un hombre.
—Disculpe, este es de un señor.
—Él es mi pareja —contestó Luis.
—¿Ambos son hombres?
—Sí
La mujer dejó de contestar.
—¿Hola? ¿Me bloqueó?
Luis le contó a Gustavo que la vendedora había cortado la comunicación después de enterarse que eran una pareja homosexual. Gustavo llamó al teléfono de ventas del fraccionamiento en el municipio de San Luis Potosí, donde ellos viven, en el estado del mismo nombre, en el centro norte de México. Le contestó un hombre.
—¿Para comprar las casas hay alguna restricción por condición social, preferencia religiosa o sexual? —preguntó Gustavo.
—No, claro que no, ¿por qué lo pregunta, caballero?
Gustavo le contó lo sucedido con Lucía. El agente inmobiliario, Javier Govea, le pidió una disculpa. Se ofreció a averiguar qué había sucedido y a atenderlos él mismo para la venta de la casa. Quedaron de verse el sábado 6 de febrero en el fraccionamiento para que les enseñara una vivienda muestra. Govea fue muy amable. Al final del recorrido les contó lo que estaba sucediendo: Lucía Rueda es la mamá del gerente, Carlos Morales, y le había ordenado a su hijo bloquear a la pareja en el sistema para que ningún otro asesor pudiera atenderlos.
Govea les sugirió esperar 15 días, el tiempo que dura el bloqueo. Después, él podría atenderlos. “¿Y qué garantía tenemos de que la señora, si es la mamá del gerente, no le diga a su hijo que nos vuelva a bloquear o que se entere que usted nos va a atender y pida otro bloqueo?”, cuenta Gustavo que le dijo. El vendedor le respondió que no podía asegurarles que eso no pasara y les ofreció recomendarlos con otros asesores inmobiliarios en otros fraccionamientos.
Gustavo se enojó. Le dijo que ya querían esa casa y que iban a emprender acciones legales por el acto de discriminación. “Para nosotros fue un suceso trágico, porque las casas nos gustaron”, dice Gustavo. Pero decidió emprender la ruta legal y de quejas para sentar un precedente y que otras personas de la comunidad LGBTTI+ en el estado no tengan que enfrentar ese tipo de discriminación.
En México no hay un registro de cuántas personas homosexuales han sufrido este rechazo. Los datos que da la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) 2017, la última disponible, documentó que 33% de las mujeres y 41% de los hombres encuestados indicaron que no le rentarían un cuarto de vivienda a una persona trans y el 30% de las mujeres y 35% de los hombres aseguró que no le rentarían a alguien por ser gay o lesbiana.
De un lado a otro en busca de justicia
Gustavo metió una queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), pero comprobó que este no tiene facultades más que para decirle a la empresa que deben tomar talleres de no discriminación por orientación sexual.
También metió vía correo electrónico -no hay otra opción en estos momentos por la crisis sanitaria en el país- una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Lo único que consiguió fue una respuesta de “recibida”, que sigue en el mismo estatus.
La pareja también ingresó una queja en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que se supone interviene para defender a los consumidores de los abusos de las empresas. Les dijeron que la resolución tardaría. Están trabajando desde casa y todo está lento. Pero que lo más probable, les avisaron, es que el caso se resolviera mediante conciliación: le pedirían a la empresa que los desbloquee y listo. Solo si no llegan a la conciliación procedería una amonestación para la empresa.
Les quedó la vía legal. Hicieron una denuncia ante el ministerio público por el delito de discriminación. Se abrió la carpeta de investigación y ya está en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí. De eso solo queda esperar que siga su curso.
En ese punto estaban cuando se abrió un camino. La abogada Kalycho Escoffié se enteró del caso por una publicación en un medio de la comunidad LGBTI+. Los contactó y se ofreció a promover un amparo.
En México no hay una regulación que prohíba y castigue la discriminación en el acceso a la vivienda. En general, la política del Estado mexicano es actuar como un facilitador para las inmobiliarias en la cuestión de trámites y permisos y en otorgar créditos para la compra. El desarrollo urbano se lo está dejando a las empresas, explica Escoffié.
La abogada promovió el amparo contra la inmobiliaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el ayuntamiento de San Luis Potosí. A las autoridades se les señaló por no tener una regulación expresa que evite la discriminación en el acceso a la vivienda, y a la empresa -que en este caso toma el rol de autoridad ante el vacío que deja la Ley y las instituciones públicas- por no garantizar el acceso a la vivienda sin discriminar por orientación sexual.
Mientras el juicio por el amparo interpuesto sigue su curso y hay una resolución definitiva, el juez del caso le ordenó a la empresa desbloquear a la pareja y asegurarles el acceso a la vivienda. Eso facilitó que Govea iniciara el trámite para venderles la casa.
Pero la solución de fondo sigue pendiente. La empresa ni siquiera ha reconocido el acto de discriminación. La inmobiliaria alegó en su informe, presentado como parte del juicio de amparo, que la agente de ventas había creído que Luis estaba bromeando (al decir que su pareja era otro hombre) y por eso lo bloqueó.
Esto, dice Escoffié, es grave, porque al argumentar que la vendedora pensó que se trataba de una broma, quiere decir que en su cabeza es tan inconcebible una pareja de dos hombres que no lo puede considerar real.
La empresa también argumentó que no existe la discriminación, puesto que Govea ya los está atendiendo y el trámite ya inició.
Ahora habrá que esperar al informe de Sedatu y el municipio, y a la resolución final, para saber si se le ordenará a las autoridades que haya una regulación que garantice a las personas el acceso a la vivienda sin discriminación por su orientación de género.
Gustavo y Luis también seguirán peleando por la vía legal contra la empresa por el acto de discriminación que se pretendió consumar. “No es una venganza, lo repito, es que queremos sentar un precedente. Hoy fuimos nosotros, mañana podría ser otra pareja. Por eso la lucha”, dice Gustavo.
