Columna Agenda abierta
Se ha aprobado una nueva Ley que por su sesgo de inconstitucionalidad se pudiera pensar que no debíera entrar en vigor, ni surtir efectos de ningún tipo, por los amparos que seguramente se presentarán y que con ello podría engrosar las filas de las iniciativas fallidas y congeladas en el limbo constitucional.
Sin embargo, es importante hacer un breve análisis de una Ley que mandará, de nuevo, una serie de señales de incertidumbre a los inversionistas y que, en su caso, pudiera generar un aumento del precio de las gasolinas, adicional al que se ha dado en las últimas semanas.
La primera consideración debe enfocarse hacia al carácter legal de la iniciativa, que pretende, en el cambio de una Ley, solucionar problemas que deben traducirse en cambios a la Constitución; sin embargo, las consideraciones económicas son más de fondo ya que impulsa un criterio “estatista” que en ninguna parte del mundo está funcionando.
En materia de competencia económica violenta –precisamente- la libre competencia de las empresas que obtuvieron permisos para operar como dispensadores de gasolina en el país. Desde 2017 el Gobierno federal liberó los precios de los energéticos y, por tanto, no puede determinar directamente su costo.
Al abrir la participación de un sinnúmero de marcas de gasolina, se fue caminando hacia un modelo de negocios en beneficio de los consumidores, en donde serían la oferta y la demanda del mercado las que fijarían los precios.
De hecho, durante los tres primeros meses del año, los precios de las gasolinas aumentaron: la regular en 13.2%; la premium en 17.3%, y de manera adicional el gas LP en casi 20%. En algunas estaciones de servicio la gasolina regular se vende a 22 pesos por litro, mientras que la premium llega a costar hasta 23 pesos.
En Estados Unidos el precio promedio de la gasolina regular es de 2.85 dólares por galón, lo que al tipo de cambio vigente equivale a alrededor de 15.12 pesos por litro. Es decir, en un modelo en donde se permite la competencia, los principales beneficiarios son los consumidores.
Hay que señalar que el gobierno federal ha afirmado que los precios de los energéticos no aumentarían por arriba de la inflación. Sin embargo, los propios datos oficiales nos dicen que el costo de la gasolina regular ha subido este 2021 casi 6 veces más que la inflación.
Por estos motivos, la Ley de Hidrocarburos aprobada el día de ayer se da en un entorno complicado para los consumidores y con graves violaciones a la Constitución en materia de libre competencia y concurrencia en los mercados (Arts. 25 y 28 constitucionales), así como en lo relativo a la no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna (Arts. 14 constitucional), además de las implicaciones negativas que en materia económica también conlleva.
La ley establece que los distribuidores deberán demostrar una cierta cantidad de almacenamiento mínimo que, de manera poco clara y discrecional, la autoridad determinará para poder obtener un permiso; cambia la afirmativa ficta por la negativa ficta en materia de solicitudes de cesión de permisos; y establece la suspensión de permisos por razones de seguridad nacional, seguridad energética o protección de la economía nacional.
En pocas palabras, la Ley le permite al gobierno federal cancelar las concesiones otorgadas, amplía las causales por las cuales la autoridad puede revocar permisos.
Asimismo, se crea la figura de suspensión de permisos, para que la autoridad pueda hacer requisa a los permisionarios y asegurar la continuidad de los servicios directamente, cuando a juicio de la autoridad sea necesario por peligro inminente para la seguridad nacional o energética o la economía nacional.
Esta Ley incrementará la incertidumbre jurídica y los costos de participación en el mercado; pero sin duda lo que pretende es lograr en el plano legal lo que en el plano comercial Pemex no ha podido hacer.
Esta reforma privilegia la participación de Pemex, al intentar inhabilitar otras opciones, sin considerar las ineficiencias de sus procesos de refinación, que no solo incrementará los precios sino que afectará negativamente al medio ambiente (Pemex desperdicia el 30% de cada barril de petróleo en el proceso de refinación, en tanto que las refinerías estadounidenses desperdician solo entre el 1% y el 2%).
En suma, pues, la reforma que se propone es inconstitucional, viola el T-MEC, perjudica la economía de empresarios y consumidores finales y daña el medio ambiente. De aprobarse en sus términos, a la reforma en materia de hidrocarburos le espera el mismo destino que la de energía eléctrica que está suspendida por la interposición de múltiples demandas de amparo.
Al tiempo.
Moisés Gómez Reyna
