Ciudad de México, (SinEmbargo).- Andrea, de 21 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el 27 de marzo en el Estado de México, fue localizada después sin vida en un hotel del municipio de Nezahualcóyotl.
Cientos de mujeres marcharon en los últimos días en el Estado de México para exigir que Bryan, de 22 años, el presunto feminicida, sea castigado. Integrantes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl capturaron al joven esta misma semana.
-Anuncio-Bryan le habría quitado la vida a Andrea en una habitación del Hotel Rey Poeta, en el municipio mexiquense. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que ambos ingresaron, pero horas después sólo el sujeto abandonó el lugar.
Fue una empleada del establecimiento la que se percató que la joven no tenía vida. Llamó de inmediato a autoridades, quienes comenzaron con las investigaciones.
Durante las manifestaciones para exigir justicia en el caso, familiares y amigos de la joven pidieron que Bryan reciba un castigo justo y que permanezca mucho tiempo tras las rejas en el Estado de México.
-Anuncio-“¡Justicia para Andrea! Andrea, escucha: esta es tu lucha”. Es el mensaje que cientos de personas repitieron en las calles de la entidad gobernada por el priista Alfredo del Mazo Maza.
La etiqueta #JusticiaParaAndrea ha sido compartida miles de veces en las redes sociales. La exigencia es la misma: autoridades del Estado de México, no permitan que haya impunidad en el caso.
El feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo y recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales.
-Anuncio-En el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.
Pero fue hasta el 6 de febrero de 2018 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y las fiscalías estatales para que “toda muerte violenta de carácter doloso de mujeres fuera iniciada la investigación bajo protocolos de feminicidio”.
