Añadió que se iniciaron las investigaciones a través de la carpeta de investigación FGE/FIM/16/2021 para fincar las responsabilidades administrativas y penales a los servidores públicos por violentar la Ley General de Víctimas y los protocolos homologados de búsqueda e investigación para la entrega digna de personas fallecidas.
“Refrendo mi compromiso de trabajar de la mano de los familiares y víctimas de delitos y les aseguro que se efectúan las diligencias necesarias para imponer sanciones ejemplares que eviten la repetición de tan lamentables hechos”, dijo la fiscal estatal.
Este domingo el Colectivo Madres en búsqueda Coatzacoalcos condenó el hecho por entregar los restos en condiciones “deplorables y precarias”, sin atender a los protocolos en materia de personas desaparecidas.
El artículo 21 de esta ley, en su Capítulo V, sobre el derecho a la verdad, señala que una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas “a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales”.
