Poco después de las 10 de la mañana inició la audiencia en la que Rosario Robles y su defensa están exponiendo sus pruebas para demostrar que no es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público del que la acusa la Fiscalía General de la República, mientras que esta intentará sustentar que la exfuncionaria debe purgar una pena de 21 años de cárcel por el caso de La Estafa Maestra.
La audiencia ocurre luego que la Fiscalía y la defensa de Robles no lograron un acuerdo para establecer una salida alterna antes de llegar a un juicio en el proceso en contra de la funcionaria que inició en agosto de 2019.
Aunque la exsecretaria de Desarrollo Social solicitó al juez Ganther Villar que “dispensara” su presencia en la audiencia de este viernes, este se lo negó argumentado que ella misma tendría que explicar su versión por la que no alcanzó un acuerdo con la Fiscalía tras meses de negociación.
Esta audiencia es la fase denominada “intermedia” del proceso en la que la Fiscalía presentará las pruebas por las que quiere llevar a juicio a Rosario Robles y sustentar la petición de la condena de 21 años de cárcel por dos cargos de ejercicio indebido del servicio público.
Es posible que la audiencia se extienda por varios días debido a que comprende diversas fases. Primero el juez analizará si no hay impedimentos legales para avanzar hacia la fase intermedia. Será aquí cuando ambas partes oficialicen que no hubo posibilidad de alcanzar una salida alterna al proceso.
Después se procederá con la descripción oral de los hechos descritos en la acusación que desde el año pasado fue enviada por escrito por la FGR. Es decir, las supuestas omisiones cometidas por Rosario Robles que resultaron en la repetición del esquema de desvío de recursos públicos en la Sedesol y Sedatu, ambas dependencias encabezadas por ella.
Se trata del mecanismo de La Estafa Maestra en el que 11 dependencias de gobierno como Pemex, Banobras, Secretaría de Economía, de Educación, la Sagarpa, el INEA, entre otros, hicieron convenios con ocho universidades públicas para hacer servicios, pero éstas subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma y, por lo tanto, el dinero desapareció.
Aunque hubo más de una centena de funcionarios involucrados entre las dependencias de gobierno y las universidades, la única exsecretaria de Estado que enfrenta un proceso judicial por este caso es Rosario Robles, e incluso, la Fiscalía no está investigando la ruta del dinero desviado para hallar a los beneficiarios finales de este esquema, sino únicamente omisiones administrativas presuntamente cometidas por Robles.
Desahogado este punto del proceso, los fiscales y la defensa buscarán los denominados “acuerdos probatorios”, es decir, acordar los hechos que no serán motivo de controversia en el juicio. Un ejemplo son los convenios que la Sedesol y Sedatu firmaron y que fueron ofrecidos como prueba por la FGR, y cuya existencia será aceptada por la defensa.
Luego seguirá el debate sobre el resto de las pruebas; aquí las partes tendrán la oportunidad de descalificar o pedir que algunas no sean admitidas o se supriman. Será el juez quien defina qué pruebas se quedan y cuales se desechan, y con ello el caso quedará listo para avanzar a la fase de juicio.
Cabe señalar que la defensa de la exfuncionaria federal cuenta con una suspensión concedida por otro juez para que no se fije, al menos por ahora, una fecha para ir al referido juicio. Esto hasta que no se resuelva una petición de amparo promovida por Robles en la que argumenta que los cargos que se le imputan ya no son procedentes.
