Ale es solo una adolescente, pero usa con naturalidad términos como “revictimizar”, “carpeta de investigación bien integrada” o “plazo legal para presentar pruebas”. La razón es que, apenas a sus 15 años, ya lleva tres en un proceso legal contra su padre adoptivo, al que acusó de abusar sexualmente de ella cuando tenía siete.
Un proceso lleno de obstáculos, donde la audiencia inicial del juicio se pospuso varias veces en el último año y el juez la anuló porque consideró que el acusado no estaba teniendo una defensa adecuada.
Los derechos de un presunto abusador sexual de menores han estado por encima de los derechos de una niña, se quejan Ale y su madre en entrevista virtual desde un lugar que no revelan, porque ante la falta de medidas de restricción al acusado, que las ha agredido y amenazado antes, prefieren ocultarse.
El nombre artístico del presunto abusador es Freddy Potenza, ciudadano argentino residente en México, cantante de tango en lugares como el restaurante La Vid Argentina (de la calle Nuevo León, en la Condesa, en Ciudad de México), e hijo de un reconocido músico de este género.
También ha jugado a su favor su condición de extranjero, o la actuación del Consulado argentino, que ignoró dos citatorios legales para enviar un representante consular a la audiencia inicial, un derecho de cualquier persona de otro país que, al no cumplirse, le sirvió de argumento al indiciado para pedir que se pospusieran las audiencias durante dos meses más.
La Embajada de Argentina en México negó a Animal Político que Freddy sea su “representante cultural”, tenga algún cargo ni influencias, como él ha asegurado ante el juez. Mientras que el Consulado dijo que su labor no es de representación de sus connacionales, sino solo de “mero acompañamiento”, pero que ante la contingencia sanitaria, no están desplazando a sus funcionarios y así se lo hicieron saber al juzgado de Morelos en un oficio (aunque se los pidieron tres veces).
El caso tiene ya casi tres años, porque primero pasó 10 meses en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lugar donde originalmente se presentó la denuncia porque ahí residían Ale y su mamá, y donde ocurrieron algunos de los abusos. Pero después de que la niña, entonces de 12 años, fue revictimizada con entrevistas intimidantes y un trato “sin tacto” —según sus propias palabras— por parte de las personas que le tomaron la declaración, las autoridades decidieron que, aunque sí había elementos de delito, era mejor que el caso se investigara en Morelos porque ahí ocurrió el abuso sexual más grave, en una cabaña de Tepoztlán, y en dónde, además, hubo testigos. Así que trasladaron el caso a Morelos para volver a empezar.
En el vecino estado se abrió la carpeta de investigación JC/1280/19. Pasó casi un año bajo investigación del Ministerio Público. Ahí el trato fue humano, sin revictimización —lo relatan Ale y su mamá—. Una vez integrada la carpeta de investigación, acompañada de dos peritajes (el de la Ciudad de México y el de Morelos) que confirmaron que existen daños por abuso, se citó a la audiencia inicial de imputación en la que, si se encontraban suficientes elementos, se podía dictar prisión preventiva para el acusado por tratarse de un delito grave.
La audiencia se citó para el 25 de marzo de 2020, pero llegó a México la pandemia de COVID-19, se cerró el juzgado y se pospuso la audiencia, con el presunto abusador ya enterado de que había un proceso en su contra.
Pasaron seis meses de suspensión, y cuando la audiencia para formular la imputación se iba a realizar, volvió a aplazarse, esta vez por falta de asistencia legal del Consulado de la República Argentina en México, a la que tienen derecho sus connacionales.
Animal Político tiene copia de tres oficios que el juzgado envió al Consulado para advertir que se tuvo que diferir la audiencia inicial por falta de presencia de un representante consular. Los oficios están fechados el 9 de septiembre, el 2 de octubre y el 10 de noviembre de 2020.
Dos de estos oficios no fueron atendidos ni contestados por el Consulado, omisión que dio pie a sendos aplazamientos de la audiencia inicial. Para el juez y el Ministerio Público era indispensable que el denunciado, ciudadano argentino, recibiera asistencia consular o por lo menos una respuesta de la representación de ese país. Finalmente, al tercer citatorio el Consulado respondió que no estaba en posibilidad de enviar a nadie para asistir a su connacional. Pero la audiencia ya se había diferido tres meses.
Cuando por fin tuvo lugar la audiencia inicial, sin representante consular, al acusado se le concedieron 144 horas para presentar pruebas. Llegó con 16 elementos de prueba “que no tenían nada que ver”, dice Ale molesta.
Una de esas pruebas eran fotos de Facebook con Ale y Freddy juntos, para mostrar que tenían muy buena relación. Las fotos eran anteriores a 2014, cuando su madre pidió el divorcio después de salir huyendo junto con la niña del departamento en el que vivían porque una noche él la violentó físicamente. El juez descartó que eso fuera una prueba y además le advirtió que era ilegal exhibir fotos de una menor, explica la mamá de Ale.
Las otras pruebas ya no tenían que ver con la niña, sino con su mamá. Por ejemplo, una demanda agraria que él mismo inició para tratar de quitarles parte de un terreno en Tepoztlán, que el juez que llevó el divorcio decidió dividir entre los tres, una decisión que el propio Freddy aceptó y firmó hace seis años, pero que, dicen, no ha respetado: ha invadido su propiedad, destrozado parte de lo que han construido en ella y amenazado con volver a violentarlas.
El juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Morelos, con sede en Xochitepec, Ramón Villanueva Uribe, anuló todas y cada una de esas pruebas. De las fotos, le advirtió al acusado que incluso era ilegal exhibir imágenes de una menor, y del resto, le preguntó si entendía que quien lo acusa es la niña y no su madre (que tiene el papel de representante legal porque la víctima es menor de edad).
Ale no estaba ese día en el juzgado, porque por protección a menores, basta con que haya presentado sus declaraciones, además de que el juzgado está en una zona lejana e insegura, describe su madre. Pero Ale asegura que no le molestaría ir para decirle a la cara a Freddy Potenza que es ella —y no su mamá— quien lo está denunciando por lo que le hizo.
