Por Luis Carlos Sáinz
Tijuana, 24 de febrero (Zeta).– Vicente regresó a su tierra luego de 27 años de estar encarcelado y 25 de estos, condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. Todo ese tiempo fue culpado del asesinato por violación de una niña de un año nueve meses, hija de su pareja. Un error en la información médica del deceso era la mayor prueba, que, con el paso de los años, expertos se encargarían de aclarar. Con ello, la sentencia fue revocada y el hombre recuperó su libertad. Hoy está con los suyos.
Sin embargo, no todos han tenido el feliz desenlace del hombre originario de Jalisco, que aún robados sus mejores años, le alcanza para disfrutar la vida como quiera.
Desde 1926 hasta nuestros días, 15 mexicanos han sido ejecutados por sentencias que les hicieron responsables de la comisión de delitos registrados en la Unión Americana. A la fecha 50 connacionales se encuentran en el llamado corredor de la muerte, en espera de fecha para ser ejecutados.
En Estados Unidos existen unos 37 millones de mexicoamericanos y migrantes que, a la menor provocación, pueden ser encarcelados en un país que tiene la tasa más alta de personas privadas de libertad, con dos millones 300 mil presos, de los cuales unos 50 mil son extranjeros, y se estima que siete de cada 10 detenidos son de origen mexicano.
Aunque los nacidos en México que esperan la ejecución de la pena capital son 50, el investigador Juan Alberto Salinas, profesor de Derecho Internacional del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), estima que hay 54 o 55 mexicanos más bajo procesos penales cuya sentencia sería la pena de muerte.
El especialista advierte que México se ha caracterizado por su política de relaciones exteriores proteccionista de los compatriotas que se hallan en el extranjero en cualquier circunstancia, pero en el caso de la privación de la libertad, se cuenta con una muy buena asistencia y atención de los mexicanos en las prisiones, con programas que han funcionado en las últimas décadas, por lo que el arribo de Esteban Moctezuma Barragán como Embajador de nuestro país en EU, despierta cierta incertidumbre en cuanto a su falta de experiencia.
Desde 2001, México implementó un programa de asistencia y protección a mexicanos, particularmente los que podrían ser afectados con la pena de muerte, que en algunos casos ha conseguido conmutar la pena de ejecución por alguna otra de diversa índole, gracias a la asistencia de despachos de abogados que conocen a la perfección la legislación estadounidense. Por desgracia, desde agosto de 2020 venció la autorización para que la Cancillería celebrara contratos con los referidos bufetes jurídicos y la defensa o acompañamiento estaría en peligro.
Con asesoría de ese tipo de despachos, en 2003, México inició un juicio contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la violación del Artículo 36 de la Convención de Viena, ya que cuatro mexicanos habían sido ejecutados, otros 54 estaban condenados a la pena capital y muchos más sin que se les haya informado ni permitido el acceso a la asistencia consular. Entre los ejecutables estaba el tijuanense Carlos Avena Guillén, acusado de asesinar a dos personas en 1981 en California, motivo por el que el asunto se conoció como “Caso Avena”.
En 2004, la CIJ dictó sentencia en favor de México, al comprobarse que efectivamente en 51 de los 54 casos se violaron los derechos de los mexicanos. Sin embargo, el fallo no fue del todo acatado por algunos de los estados del país del Norte, aunque en casos concretos como el de Avena, se consiguió que una Corte Federal anulara la condena de muerte en agosto de 2019, y en otros asuntos, muy pocos, hubiera la modificación o conmutación la brutal condena.
VICENTE
Muchas cosas cambiaron para Vicente, quien estuvo 27 años preso en la penitenciaría de San Quintín, en California. Fue uno de los que gracias al Caso Avena pudo aplazar su ejecución y probar su inocencia. En 2018 fue revocada su sentencia de pena de muerte y exonerado de una grave acusación. Ese año volvió a su tierra natal, que el día en que fue encarcelado, en noviembre de 1991, se llamaba Venustiano Carranza, Jalisco.
Dos años después, el municipio habría de recuperar el nombre perdido en 1934: San Gabriel.
Del hombre de 42 años que entró a prisión, al de 69 años que volvió a pisar su terruño y pudo conocer a una familia extendida que floreció con hermosas sobrinas y muchos otros parientes que ya no reconocía, muchos llantos derramó entre sus cuatro paredes, como cuando se enteró, en dos fechas diferentes, de la muerte de su padre y de su madre. En agosto de 2018 el retorno de Vicente fue todo un suceso, el pueblo entero hizo fiesta y las autoridades le rindieron un sencillo, pero muy sentido homenaje.
Cuando cumplió su mayoría de edad, el jalisciense que salió movido por el llamado sueño americano jamás pensó verse en las circunstancias que le acompañaron al alcanzar la madurez, menos aún ser parte del corredor de la muerte.
Vicente iba y venía a California, con algunos de sus hermanos. Esperaba con ansia la pizca de uva para trabajar con empeño y juntar los dólares que reportaba a su familia.
El hombre, que ya contaba con dos hijos en 1991, uno de ellos de 23 años y la más pequeñina de 12 años, cambió su destino el 1 de noviembre de esa anualidad en Delano. Se había hecho pareja de una mujer, enfermera de profesión, quien tenía dos hijas, una de 8 años y otra de apenas un año nueve meses de edad. Aquel día infausto, narró en su declaración Vicente, su mujer salió a trabajar por la tarde y quedó a cargo de las menores. Mientras el mexicano cocinaba, la niña más grade salió a la calle a jugar, y más tarde, se dio cuenta de que la puerta principal estaba abierta. Al intentar cerrarla, vio tirada bocabajo a la bebé.
El migrante salió para recoger a la pequeña pensando que se había caído y se dio cuenta que tenía una herida producida por un golpe en la frente. Se percató de la gravedad del caso cuando la niña no recobraba el sentido y “se le iban los ojitos”. Presto, Vicente llevó a la bebé a un hospital, donde no se le brindó una atención adecuada. Después, al agravar, la llevó a otro sanatorio, donde estuvo internada y falleció días después.
Los doctores llamaron a autoridades del Condado de Delano para notificarles que la defunción de la lactante se había producido por una fuerte contusión craneal y por abuso sexual. El jornalero fue arrestado bajo los cargos del asesinato por violación y sodomía, por lo que fue llevado a juicio ante una Corte Superior del Estado de California, en el Condado de Kern, donde en junio de 1993 fue encontrado culpable por el Jurado y el Juez le dictó la pena de muerte.
Los años pasaron y Vicente se encontraba en una lista de los extranjeros a ser ejecutados por inyección letal en Estados Unidos. Sin embargo, la fecha de su muerte se fue aplazando, hasta que la Cancillería mexicana, en el nuevo milenio, comenzó a atender los asuntos de connacionales en dicha circunstancia, a través de despachos especializados. Fueron muchos años de batalla legal, con el condenado proclamando su inocencia y el amor que tenía por las niñas de su pareja, a quienes veía como sus propias hijas.
Tiempo después, Vicente fue asistido por la fundación Habeas Corpus Resource Center, con residencia en San Francisco, California, donde lograron hacer válida la declaración de error médico en 2021 sobre el dictamen de necropsia practicada a la fallecida infante. Médicos reconocieron que por error, un médico reportó graves desgarros en la región anal de la víctima, siendo que esas lesiones, al parecer le fueron producidas durante el tratamiento en los días que estuvo hospitalizada.
Aunque la llama de la justicia nunca se apagó en el corazón del migrante, se llegó a considerar muerto en vida, por lo que al recibir la noticia de su absolución en marzo de 2018, ese llanto que creía agotado, regresó, pero de alegría y agradecimiento a Dios, pues es creyente de la religión católica.
Su regreso definitivo a San Gabriel se ha ido aplazando, ya que entabló demanda en contra del Condado de Kern y la ciudad de Delano por su injusto encarcelamiento. El hombre ya no desea más entrevistas.
PENA DEGRADANTE
El investigador Juan Alberto Salinas, profesor de Derecho Internacional en el ITESO, refrenda la posición del Estado mexicano, en el sentido de que la pena de muerte es una violación a derechos fundamentales de toda persona y la práctica estatal así lo refleja. “Somos Estado parte de diversos instrumentos que condenan, no sólo esta práctica por la privación de la vida, sino como pena que eventualmente, en su proceso, también genera una pena degradante y tortuosa a toda persona”, refirió.
El catedrático lamenta que este tipo de castigo penal persista en muchos países del orbe, entre estos, Estados Unidos. También mostró desagrado por el incumplimiento de autoridades de aquella nación a gran parte de la sentencia del Caso Avena, dictada en 2004, cuando se logró que la Corte Internacional de Justicia ordenó se restaurara en sus derechos a 51 mexicanos condenados a la pena de muerte, entre ellos Vicente, el de Jalisco.
“En aquel momento, el Presidente de los Estados Unidos, George Bush, trata por sus medios legales de implementar la sentencia de la CIJ, pero como desde el punto de vista normativo, no tiene el rango de legislación federal y no hay un estatuto para implementar estas decisiones, entonces señalaron algunos estados y pues continuamos con nuestras sentencias”, recordó Salinas.
De entonces a la fecha, siete mexicanos han sido ejecutados por inyección letal, “mayormente, siempre la presencia de este tipo de procesos en el Estado de Texas, que es el de mayor actividad en estos momentos en este tipo de ejecuciones de pena capital, y en el caso vinculado a Avena y los otros connacionales, también encontramos siempre la presencia de Texas.
“Según propios datos de la Cancillería, señalaban que todavía tenemos un número importante de mexicanos. Más o menos estiman, en distintos procesos, que lo tienen tanto a nivel estatal, como a nivel federal, a 50 mexicanos. No es menor. Y aún, también en esta parte del proceso estimaban que había aproximadamente 54 o 55 mexicanos con procesos caminando y que podrían tener como consecuencia una sentencia con pena de muerte”, reiteró el profesor.
Sobre el vencimiento de la autorización para que la Cancillería signe contratos con bufetes legales para atender de manera efectiva a los connacionales como lo señala la Convención de Viena, Juan Alberto Salinas señaló que “no se le ha dado un seguimiento pertinente sobre la contratación de un nuevo bloque de despacho o la continuación de los mismos, sí así lo autorizaba la Secretaría de Hacienda, para efectos de continuar con este programa que brinda una atención esencial a los mexicanos”.
En cuanto a la cuestionada eficacia del Estado mexicano en esa defensa y protección consular, “en un ejercicio de reflexión continua sobre la participación de la Red Consular mexicana, yo la considero, por decirlo así, una de las joyas de la corona de la administración pública general. Una de las buenas historias, de las buenas noticias que tenemos aquí en nuestra administración pública federal, porque la Red Consular es extraordinaria en su operación”.
El especialista destacó que la referida red opera con las consideraciones de la independencia que tiene cada Estado para dotar su sistema legal, “pero en verdad, constantemente se la raja en la defensa y en el ejercicio de las funciones que se le confieren desde el punto de vista de nuestra legislación y que se le reconocen en la Convención de Viena, y en ese sentido de un reconocimiento importante.
“En ciertos casos, tienen simple y sencillamente la obligación de procurar la defensa. Eso es importante, el contrato que hacía referencia hace un momento, donde ya fueran abogados, de manera directa, especialistas en la materia, que dieran la atención y la asistencia, y ya nada más la parte del Consulado sería dar el seguimiento y supervisión a ese tipo de supuestos”, concluyó Salinas.
