Washington, D.C.— Si Joe Biden realmente quiere tratar a México como “país amigo”, como afirma, debe empezar con priorizar el combate al tráfico de armas de fuego, lo que implica reformar las laxas leyes de su país. Hasta ahora, la respuesta de todos y cada uno de los gobiernos, sean demócratas o republicanos, ha sido burocrática, en el mejor de los casos, y de oídos sordos, en el peor.
Bajo la legislación actual, los traficantes de armas pueden cruzar estados y fronteras internacionales sin temor a ser acusados. Vender armamento de guerra a criminales mexicanos no es un delito federal en EEUU. Debido a un código arcaico, el gobierno federal ni siquiera puede compilar datos sobre esas ventas.
Se estima que anualmente ingresan 250 mil armas de fuego a México, lo que representa un incremento de 50 mil unidades en el último año. Alarmante panorama que habla del éxito de los carteles para armarse con la ayuda de Estados Unidos.
Por su valor estratégico por la frontera con Arizona y costas prácticamente inhóspitas, Sonora destaca entre los estados a donde están llegando más armas. La plaza, tradicionalmente de “Los Salazar” de Sinaloa, está siendo disputada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, hasta hace poco, usaba el mercado de Texas para satisfacer su demanda de fuego.
“El CJNG está posicionado en estos tiempos como el más fuerte. Hay una escalada de violencia que crece exponencialmente día a día por el control de territorios. El CJNG ha ido apoderándose de más y más”, me dijo un ex funcionario de inteligencia mexicano que tuvo que salir del país.
El mismo retrato ofrece el video de una entrevista reciente a un capo que dijo ser del CJNG. Con el rostro cubierto con una máscara de camuflaje para ocultar su identidad, no para protegerse del Covid19, el entrevistado habló con Mariana van Zeller, reportera del National Geographic que, con un equipo de tres hombres, llegó en lancha al lugar donde el narco la aguardaba ( How do Cartels get their weapons? You Tube 7 feb 2021).
El inusual encuentro de un narcotraficante con un representante de los medios, en el que Zeller presenció cuando un vendedor le entregó al capo una pistola personalizada ordenada con anticipación, parece haber tomado lugar en el Alto Golfo, como se conoce la parte alta del Golfo de California, a la altura del desemboque en Puerto Peñasco y Caborca, Sonora. Zeller, quien venía de Mexicali, no respondió a mi pregunta pidiendo corroboración del lugar de la entrevista.
En el video, la reportera pregunta al capo por qué ahora confía en ella si antes, se asume que cuando solicitó la cita, temía que fuera de la DEA.
Capo: Pues no tengo confianza. Tengo gente más adelante.
Zeller: ¿Nos están mirando ahorita? ¿Dónde?
Capo: Tienen estrictas (órdenes) a salir.
Zeller: Entonces, ¿hay problema si somos de la DEA?
Capo: Si son DEA o lo que sean, vivos no van a salir.
Zeller cambia de tema y pregunta sobre el número de armas que recorre la ruta Baja California-Sonora. “Hemos pasado” entre 300 y 400 al mes. Las más populares son las AK-47 (cuernos de chivo) y las AR-15; las más poderosas, lanzagranadas y rifles calibre 50, el tipo más letal disponible en el mercado.
“Vienen de Estados Unidos. Todo, todo viene de EEUU”.
El narco, “gente del Mencho”, supremo líder del CJNG por quien EEUU ofrece 10 millones de dólares de recompensa, dijo que la semana pasada llegaron 200 cuernos de chivo en un sólo día y que los retenes del ejército en las carreteras no son problema porque tienen “comprados” a los soldados.
“Con dinero baila el perro, pues”.
Zeller: ¿Y por qué tanos cuernos de chivo?
Capo: Es que está dura la guerra. Nosotros somos gente del Mencho contra “Los Salazar”. Está peligroso. El gobierno, los soldados, andamos todos contra todos. Andamos muy fuertes nosotros, agarrando todos los mercados, todas las plazas.
Zeller: ¿Por qué?
Capo: El jefe quiere todo. Más dinero. Agarrar todo el país, pues.
Los carteles se están armando para una guerra, no sólo para disputarse plazas. Su arsenal es similar al de los ejércitos irregulares. Las medidas que ha tomado Estados Unidos, como tener oficinas de la ATF por toda la República para rastrear el origen de las armas, claramente han fracasado. México también ha fracasado en frenar su ingreso. Por corrupción o ineptitud. Apenas inspecciona uno de cada 20 vehículos que cruzan por la frontera norte.
En 2019, México y EEUU acordaron crear un subgrupo de tráfico de armas dentro del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos (GANSEG). Se reunió un par de veces, pero hubo más recriminaciones que otra cosa. “¿Qué pasaría si hiciéramos el mismo poco esfuerzo por detener las drogas que el de ustedes deteniendo las armas?”, preguntó Luis Crescencio Sandoval, titular de Sedena, visiblemente molesto con los funcionarios estadounidenses (The Washington Post 19 noviembre 2020).
A unos días de dejar el cargo, el Embajador Christopher Landau no se quedó atrás. México no aceptó la donación de equipo para combatir el tráfico de armas que EEUU le ofreció, dijo, implicando que México no quería frenarlo. México nunca pidió extraditar a traficantes de armas detenidos en EEUU durante su gestión, remató (Reforma 15 enero 2021). La acusación indignó a un funcionario de la Cancillería que la tachó de una “gran mentira” (Reforma 4 febrero 2021).
A una década del repudiado operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual el gobierno estadounidense introdujo armas a México dizque para poder rastrearlas, la desconfianza entre los vecinos es mayor. Ejemplo de ello es la nueva Ley sobre Seguridad que dificulta el trabajo de los agentes extranjeros. El gobierno de Biden se está topando con trabas burocráticas en la Secretarías de Relaciones Exteriores para acreditar a su personal diplomático, incluidos agentes de la AFT.
Intentos recientes para frenar el tráfico de armas a México mediante cambios en la legislación estadounidense también fracasaron. “Es una locura que el tráfico ilegal de armas a México no sea un delito federal”, dijo el congresista demócrata de Nueva York, Eliot Engel (PBS 12 julio 2019), autor del anteproyecto de ley que nunca avanzó. En noviembre pasado, Engel perdió su reelección.
El poderoso lobby armamentista se escuda en la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a poseer armas, para justificar sus crímenes. Sin embargo, la justificación no sólo es inmoral sino una falacia. La Constitución de Estados Unidos no dice que cualquier hijo de vecino tiene derecho a comprar armas para vendérselas a los carteles mexicanos.
