Fidel Heras Cruz, defensor comunitario de Paso de la Reyna, Oaxaca, fue hallado sin vida el pasado 23 de enero. Su muerte se suma a los 14 homicidios contra personas defensoras de los derechos humanos registrados en 2020, las cuales imperaron en la entidad.
El Comité Cerezo de México señaló, a través de un informe publicado este año, que 14 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas de manera extrajudicial en 2020. El listado es encabezado por Oaxaca, donde se llevaron a cabo seis de estos crímenes.
Heras Cruz fue hallado al interior de su camioneta con impactos de armas de fuego, los reportes locales afirman que fue asesinado alrededor de las 18:00 horas mientras se encontraba en las inmediaciones de la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec.
Autoridades del Paso de la Reyna informaron que días antes, el 21 de enero, quien también era presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, había recibido amenazas de muerte. Alrededor de esas fechas, el agente municipal, Filogonio Martínez Merino, fue avisado de la circulación de un vehículo sospechoso cerca de los terrenos que solía frecuentar el activista, por lo que ordenó a la policía municipal que lo acompañaran y escoltaran hasta su domicilio.
El contexto tras los posibles responsables de su muerte data hasta el 2019, cuando la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, intentó extraer material pétreo de Río Verde; sin embargo, la comunidad se opuso , pese a los convenios emitidos por la mandataria local.
Fue hasta agosto del 2020 que tanto Rivas Márquez como integrantes de una familia de ganaderos, los Iglesias, presionaron a las autoridades ejidales a aumentar el volumen de extracción; esto último sin presentar los pagos necesarios o los permisos ambientales que justificaran las afectaciones al río.
A finales del mismo año, los ejidatarios dejaron de extraer material y abandonaron la maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna, lo cual resultó en daños menores en la última. Esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, quien se ostentaba como concesionario del río y exigió el pago de daños, no sin antes lanzar las primeras amenazas hacia Fidel Heras.
De esta forma, el 17 de enero del año presente, Heras presentó un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo, de los avances de la construcción del edificio que serviría como la sede del comisariado. Medios locales afirmaron que durante esta, el activista mencionó un adeudo de 500 mil pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad.
Es por ello que el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), entre otros grupos defensores no descartaron un móvil político en su ejecución resultado de su activa defensa del territorio y del río.
La institución exigió al Gobierno de Oaxaca su intervención para esclarecer los hechos y atender las denuncias. También solicitó a la Fiscalía General del Estado abrir una carpeta de investigación sobre el caso.
