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miércoles, enero 28, 2026

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Columna Desde la Polis

Convencido de que mientras una sociedad se mantenga distante de la posibilidad de tener acceso -constante, estable y confiable- a la justicia, es que durante estos tres años como columnista, una importante cantidad de mis reflexiones se han centrado en la necesidad de rescatar nuestro vapuleado Estado de Derecho. ¿Qué empresario serio va a querer apostar su dinero y su futuro en un lugar donde no sabe si la autoridad se presentará, si la justicia se asomará? Con incertidumbre no hay inversión; con impunidad hay estímulos perversos para más corrupción. La ciudadanía ya reconoce que inevitablemente la corrupción será concubina de la ineptitud (los incapaces prosperan en estos ambientes). No es coincidencia que la abrumadora mayoría de nuestra clase política no sólo carezca de clase, sino de talento. Como pueden ver, esto es una reacción en cadena, donde un problema va de la mano del siguiente.

No es coincidencia que Sonora enfrente hoy su momento más bajo en inversión extranjera y que según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, Inegi), los hogares sonorenses tuvieran que gastar cerca de tres mil millones de pesos para reforzar su seguridad. El año pasado, la incidencia de homicidios dolosos en México se estabilizó mientras que en Sonora volvió a aumentar otro año más (16.81%); por lo tanto es lógico que siete de cada diez sonorenses sientan una gran inseguridad.

Justo porque en Sonora la gente se acostumbró a que “no pasa nada”, es que de cada 100 delitos que se cometen, sólo son denunciados el 12. Pareciera que la infraestructura de las instancias de justicia está configurada -adrede- para que la gente no denuncie. De ese 12% de delitos que son denunciados, uno de cada tres ni siquiera merece una investigación ministerial. En otras palabras, de cada 100 delitos, 8 de ellos tienen una carpeta de investigación. Y del tiempo en que se tardan en resolverse las investigaciones, mejor ni comento.

Muchas veces lo he dicho: ¿Por qué actuamos como si estuviéramos condenados a vivir siempre bajo el imperio de la ilegalidad, la corrupción y la ineficiencia? ¿Por qué pareciera que nos acostumbramos a padecer el yugo de la incertidumbre hija de la injusticia? El día en que la ciudadanía decline su sagrado deber de manifestarse a favor de su propio progreso estaremos firmando nuestra peor sentencia: la de fortalecer perpetuamente las trampas que impiden emanciparnos como sociedad. Esto viene a colación tras la desaparición de Cecilia Yépiz, quien hasta diciembre fue funcionaria en el Ayuntamiento de Nogales. El pasado 5 de enero se perdió contacto con ella y posteriormente su automóvil fue encontrado en un estacionamiento de esa ciudad. El caso de esta mujer viene a ser un símbolo más del perturbador escenario que se vive en esa entidad y en el resto del estado. Cecilias hay a diario. Su familia reclama la negligencia de parte del gobierno nogalense y las especulaciones aumentan. No nos debemos acostumbrar a que “la gente ande desapareciendo”; es completamente salvaje vivir así. Diariamente nos enteramos que hombres y mujeres son raptados, encontrándose sus cuerpos días después (o nunca). Son verdaderos milagros cuando retornan con vida.

En este contexto tan siniestro, tres candidatos nos pedirán el voto para llegar a ser gobernador. Quien aspire a ocupar esa tan complicada responsabilidad debe tener tres condiciones centrales. Primero, debe tener la voz completa para levantar la mano ante el reto. No puede haber antecedentes ni sospecha de participación en delitos. No deben haber sido cómplices de proyectos políticos ilícitos, corruptos o que hayan dañado a la población. Recordemos que la responsabilidad puede ser por acción o por omisión. Si pudiendo haber impedido que el mal se realizara, sólo agacharon la cabeza “para seguir en el juego”, no merecen la oportunidad. Segundo, deben estar rodeados por personas que realmente comprendan el problema integral de la criminalidad y de la injusticia, así como sus consecuencias institucionales, sociales y económicas. Charlatanes con diplomas -que fingen conocer el tema- abundan y hay que ubicarlos en áreas donde no hagan daño. Gobernante que no sepa rodearse del mejor talento, se ahogará en medio de grillitos empoderados. Tercero, deben mostrar una profunda sensibilidad ante el dolor de las víctimas. El aspirante debe poseer la elemental característica humana de la empatía. Sólo así podrá sentir el pesar provocado por un contexto social descompuesto y, por lo tanto, será su prioridad transformarlo. Alguien con dignidad, forjado en el esfuerzo, con equipo y con sensibilidad puede tener la voluntad para crear las estrategias necesarias para el urgente cambio.

Invito (pido) a la gente que se involucre en este proceso. Participar no sólo significa apuntarse para el puesto, sino manifestarse, expresarse, organizarse para que las necesidades y las posibles soluciones alcancen un volumen tal que obliguen a los suspirantes a atenderlas y hacerlas propias. Atrás debe quedar la desidia y el agotamiento cívico. Lo peor que podemos hacer es caer en el cinismo propio de quienes se acostumbraron pero pretenden ser inconformes. Repito: no estamos condenados y ya toca demostrarlo.    

@AcunaMendez       

El autor es Presidente Fundador de CREAMOS México A.C. y especialista en políticas públicas por la Universidad de Harvard. jesus@creamosmexico.org

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