Por Alberto Pradilla y Arturo Ángel
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declararon como reservada por un periodo de cinco años toda la información relacionada con la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos y su posterior retorno a México después de que las autoridades del país vecino se desistiesen en su causa por narcotráfico.
Entre los datos que la administración federal quiere que permanezcan ocultos están: las muestras de descontento expresadas por gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras la detención de Cienfuegos, la queja por no haber sido informado sobre la investigación y las pruebas de Washington contra el exsecretario de la Defensa.
La razón fundamental para la clasificación, según ambas instituciones, es que el general se encuentra sometido a un proceso de investigación por parte del Ministerio Público, tal y como le fue comunicado al propio Cienfuegos al ser puesto en libertad, y que tampoco se desea poner en riesgo la relación con Estados Unidos.
Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, California, el 16 de octubre, acusado de vínculos con el cartel de los Beltrán Leyva. Un mes después, y tras las quejas de México, la Fiscalía de EU se desistió de la acusación y el general regresó como hombre libre. La FGR anunció que le había notificado la existencia de un proceso en su contra, pero no tomó medidas cautelares.
En dos solicitudes de acceso a la información, Animal Político requirió el contenido de la nota diplomática que el Ejecutivo envió a EU para quejarse por la investigación contra Cienfuegos y no haber sido informada, así como el oficio que Washington devolvió con un anexo de más de 700 páginas en las que se incluyen las pruebas contra el general.
Sobre los cientos de páginas con las presuntas pruebas, la SRE solo reconoce haber recibido el documento en sobre cerrado y haberlo trasladado a la FGR, sin guardar una copia.
La Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, por su parte, es quien determina la clasificación de los documentos por un periodo que podría extenderse hasta cinco años.
Según asegura la institución, revelar los datos que forman parte de una carpeta de investigación podría perjudicar las pesquisas e incluso favorecer la destrucción de pruebas. No obstante, Cienfuegos, que podría ser el principal interesado en acabar con los señalamientos en su contra, lleva en libertad desde el 17 de noviembre.
Según la respuesta de FGR, entregar la información “perjudicaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente”.
“Al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República, en virtud que podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación; y la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de investigación en trámite”, afirma en su oficio de respuesta.
El 17 de noviembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó públicamente que México había hecho un reclamo diplomático al gobierno de Donald Trump, debido a que no fueron notificados que desde hace casi un año existía una investigación y orden de aprehensión en contra del general Salvador Cienfuegos.
“El 28 de octubre enviamos una nota diplomática a la embajada de los Estados Unidos manifestando lo que yo llamé el profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del exsecretario de la Defensa, independientemente de su inocencia o culpabilidad en los hechos a los que hace alusión la investigación…”, dijo el Canciller.
Animal Político solicitó a la SRE una copia en versión pública de dicha nota diplomática. La respuesta de la dependencia es que era información “reservada” y que por decisión de su Comité de Transparencia era procedente dicha reserva por un periodo de cinco años.
El argumento de la dependencia y su comité es que la fracción II del artículo 113 de la ley General de Transparencia contempla que puede clasificarse como información reservada toda aquella que pueda “menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales”.
Y a criterio del gobierno la nota diplomática enviada al gobierno estadounidenses por el caso Cienfuegos encuadra en esa hipótesis.
“La información está reservada ya que su divulgación podría afectar el funcionamiento adecuado del andamiaje institucional construido entre ambos países para la atención de intereses comunes para la cooperación internacional sobre seguridad”, señaló la Cancillería.
La SRE añade que se pretende no poner en riesgo un futuro acuerdo con el gobierno estadounidense: “La divulgación de la “nota diplomática del 28 de octubre de 2020, podría menoscabar la conducción de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos de América, en tanto que al momento se explora renovar los puntos de acuerdo de ambos Estados.
Como exige la ley al momento de clasificar una información, la Cancillería acompañó su posición con la denominada “prueba de daño” en la que sostiene que es mayor el perjuicio que se causaría revelando el contenido de esta nota que ocultándola.
Las conclusiones de dicha prueba de daño van del “menoscabo en la cooperación en temas de seguridad y combate al crimen organizado” hasta “dañar la confianza mutua” o una “disrupción del diálogo diplomático” y una “vulneración al orden jurídico internacional”.
Pese a que Animal Político expresamente solicitó la posibilidad de que se elaborara una versión pública del documento como alternativa a clasificar la información, Relaciones Exteriores no hizo mayor pronunciamiento al respecto.
