El abuso de poder, la corrupción y la impunidad no son actos exclusivos del sector público ni de nuestra clase política. El fenómeno como tal se extiende, insospechadamente, a empresas y directivos de corporativos nacionales ó extranjeros que, a base de engaños y de verdaderos fraudes a la ley, se apropian de manera irregular de derechos y tierras ejidales de los núcleos agrarios en sonora.
Recientemente sucedió en Caborca, antes en Mulatos, Matarachi y ahora en Tesoripa. El común denominador es, por una parte, la afectación arbitraria de la propiedad ejidal, y por otra, el poderoso brazo económico de empresas mineras.
La precaria situación económica prevaleciente en los ejidos, aunada al incentivo de la impunidad, estimulan la operación de prácticas abusivas como ahora sucede en el Ejido de Tesoripa, donde el Comisariado reclama el atropello de Minas de Oro Nacional, subsidiaria de Álamos Gold Inc. de Toronto, Canadá.
Los hechos hablan por sí mismos. Sucedió lo mismo con Grupo México. Es innegable que la contaminación de tierras, aguas y cuencas hidrológicas, como ocurrió el 2014 con el Rio Sonora, junto a los daños a la salud, la vida y al patrimonio y afectación de las actividades productivas de muchos ciudadanos, es una verdad tangible e inocultable que solamente la empresa minera responsable dice no verla por conveniencia propia.
En la sierra alta de Sonora, colindando con Chihuahua, dentro de los límites territoriales del municipio de Sahuaripa, también se cuecen habas.
El nueve de diciembre se cumplieron tres años del abuso y la evidente ilegalidad cometidos en perjuicio de dicho ejido de Tesoripa, cuyos antecedentes ya fueron informados y puestos al conocimiento del Presidente de la República, de la Gobernadora del Estado y de Graeme C. Clark, embajador del Canadá en México.
En diciembre del 2017 dicha empresa obtuvo un acuerdo provisional del ejido para la construcción de un proyecto eléctrico, efectuando un primer pago para la ocupación de una superficie indefinida de tierras de uso común sin la formalización ni el cumplimiento de los requisitos previstos para ello por la ley agraria, la legislación minera y la propia ley de la industria eléctrica.
El documento del Comisariado enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador señala textualmente: “El acuerdo previo a la firma del contrato de ocupación de tierras fue otorgado por la asamblea con la convicción de inaugurar nuevos mecanismos de aprovechamiento de nuestras tierras para proteger e incentivar, por una parte, la deplorable economía familiar y la nula capacidad productiva de 26 ejidatarios, y por otra, garantizarnos un ingreso anual seguro por concepto de renta de tierras conforme a las prescripciones de la propia legislación minera y la nueva ley de la industria eléctrica vigente a partir de las reformas estructurales del 2014 en materia de desarrollo del sector social, propiedad ejidal y energía eléctrica previstas por nuestra Carta Magna”.
Dicen además: “la mala fe y el ánimo ilícito de Minas de Oro Nacional y la estrategia corruptora de Álamos Gold Inc. que indujeron a la Asamblea y manipularon la voluntad del Comisariado Ejidal, cuyos integrantes en su mayoría no saben leer ni escribir, ni tienen la formación básica para comprender los alcances jurídicos de una decisión de esa naturaleza, quedo evidenciada por la realización de un primer pago para la obtención de dicho acuerdo provisional; y posteriormente, confirmada por la injustificada negativa de dicha Empresa a firmar el contrato de servidumbre, renta u ocupación temporal y efectuar los pagos obligatorios por el uso superficial de un amplio hectareaje que comprende, además, el desmonte y la tala indiscriminada de pinos y árboles que afectan la riqueza forestal, el entorno ecológico y medioambiental de la región, en los términos y bajo las condiciones de la legislación minera y de acuerdo a las bases normativas de la ley de la industria eléctrica.
Adicionalmente, afirmamos que no únicamente hemos sido defraudados por ambas empresas mineras, sino que, considerando las múltiples solicitudes para la firma del Contrato pendiente desde 2017 y de diversos requerimientos por las anualidades correspondientes a 2019, 2020 y 2021, sin respuesta alguna a la fecha, nos sentimos verdaderamente agraviados.
Reclamamos lo que por imperio de la ley y por derechos adquiridos nos corresponde, nada más, pero nada menos.
Nuestra demanda fundamental es el cumplimiento cabal e irrestricto de la tutela constitucional a la propiedad ejidal y la aplicación inmediata de las leyes mexicanas que rigen, por una parte, el funcionamiento de la industria minera y, por otra, protegen los derechos humanos de los ejidos y sus integrantes.
En ese sentido, consideramos pertinente su intervención para sugerir a dichas empresas el cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos y de las obligaciones económicas previstas por la legislación minera y la ley de la industria eléctrica para el uso y ocupación de tierras ejidales en nuestro país”.
Cualquier otra explicación, sale sobrando.
Salud.
andrade.aguirre@hotmail.com
