Por Marco Antonio Andrade Aguirre
La política no se puede separar de la legislación, ni de los tiempos ni de las formas para reformar ó crear nuevas leyes. El proceso legislativo es, dicho por experiencia propia, tan fácil ó complejo como los partidos y los diputados lo quieran y estén dispuestos a hacerlo, operando invariablemente a favor o en contra de una iniciativa.
En el quehacer legislativo la discrecionalidad y la arbitrariedad permean siempre, aspectos que sumados a la inconfesable protección de intereses de los factores reales de poder, determinan las decisiones para aprobar, rechazar o diferir la resolución de cualquier tema. Por eso es que Otto Bismarck, destacado canciller alemán, decía que “las leyes son como las salchichas, a nadie le gustaría saber cómo se hacen”.
La primera lectura de la propuesta universitaria para modificar la Ley 4 vigente, misma que rige la estructura orgánica, académica y administrativa del Alma Máter, muestra que los impulsores de la iniciativa erraron en la estrategia para lograr su aprobación, misma que complica, incluso, la relación y las próximas revisiones contractuales con los sindicatos. El cuello de botella en que se encuentra revela que no midieron los tiempos políticos ni legislativos, ni tampoco trazaron una ruta crítica para una reforma tan trascendente, como necesaria para modernizar la vida institucional de la universidad.
La realidad es que la reforma de la Unison, no obstante los múltiples foros y consultas realizadas, así como los cambios sustantivos que se proponen, no se advierte en la agenda de prioridades ni en los asuntos consensuados de los grupos parlamentarios en el congreso, ni en los partidos ni en sus dirigentes ni precandidatos, ni en el interés del gobierno estatal, así como tampoco en la propia comunidad universitaria en su conjunto, ni en un compromiso mínimo de la Junta Universitaria y menos del Rector. La iniciativa se encuentra en una orfandad política casi absoluta.
Además, la comisión responsable del estudio, consulta y dictamen tampoco trabaja en ello. Su presidente está enredado entre la disyuntiva de cumplir el encargo siciliano de eliminar la iniciativa ó diferir el dictamen hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, que inicia el 01 de febrero y concluye el 30 de abril, ó en patear el vote para el próximo periodo extraordinario, del 01 de mayo al 31 de agosto del año próximo. Sin soslayar que el aparente control del dictamen le representa una valiosa moneda de cambio por la candidatura a una alcaldía fronteriza, ó en el peor de los casos, la Secretaria de Educación el 2021, gane quien gane.
Esperemos solamente no se envuelva en la bandera de la caducidad legislativa, consistente en que cuando una iniciativa no se dictamina en el plazo de un año, se reserva automáticamente para resolución en la próxima legislatura.
En diciembre, el congreso se concentra en aprobar la política fiscal del Estado, las leyes de ingresos y presupuesto de egresos, así como los ingresos municipales. Si las cosas se complican ó los incentivos ofertados son insuficientes, entonces inician un periodo extraordinario de sesiones a partir del 16 de diciembre. Cualquier otra iniciativa ó dictamen tienen una importancia política secundaria, aun tratándose del consenso democratizador de la universidad más grande del estado.
Los partidos, por su parte, están en una dinámica coyuntural que les impide analizar con seriedad cualquier asunto al margen del proceso electoral en curso.
Las prioridades naturales de éstos son las negociaciones de candidaturas comunes pluripartidistas. Cuando el congreso entre en receso ó inicie un posible periodo extraordinario de sesiones, inician las precampañas (15 diciembre-23enero) y después el registro de candidatos (16-20 febrero) para luego arrancar las campañas (05 marzo-2 de junio). El Rector se elige en marzo y entra en funciones casi igual que el próximo gobernador. La reforma universitaria no tiene fecha ni plazo específico.
Ahora bien, es justo reconocer que el valor principal del conjunto de reformas tiene la finalidad de reivindicar acertadamente la autonomía universitaria real y el sagrado derecho al autogobierno que posibilite la modernización democrática de una estructura y de un sistema de decisiones académicas, administrativas, laborales, financieras y presupuestales, sustentadas en una legislación de casi 30 años de antigüedad, sin modificación ni actualización alguna a la fecha.
Por otra parte, el argumento defensivo de los supuestos efectos estabilizadores de la ley 4, por casi tres décadas, es cuestionable, y vistos a detalle, insostenibles.
La idea original para su creación en 1991 fue suprimir el activismo político antigubernamental y la cíclica conflictividad sindical, aunque durante su vigencia el número y la duración de días de huelgas supero con creces a las de 1982, 1985 y 1988.
La primera huelga de la ley 4 fue el 2002 con 25 días de duración. A partir de entonces hubo huelgas y conflictos laborales con los sindicatos de empleados y académicos el 2008, 2009, 2010, 2012 y el 2014, año en el cual se presentó una de las huelgas más prolongadas de 68 días, la cual evidencio que ni el Estado, ni el Rector, ni la Junta Universitaria pudieron negociar para evitarla, ni para solucionarla. Ésta fue declarada inválida y resuelta por decisión judicial. Las heridas siguen abiertas.
La última huelga fue el 4 de abril del 2019. El 2020 se emplazó otra más, pero no estalló, gracias a la sensibilidad de los sindicatos que la difirieron por la pandemia.
La otra consecuencia de dicha legislación fue el surgimiento de un grupo hegemónico que, en connivencia con el partido en turno en el poder estatal, controla los cargos administrativos y las decisiones financieras asociadas con la contratación de obra pública a quien muchos le señalan un supuesto enriquecimiento súbito y diversos conflictos de interés en los gastos presupuestarios de la universidad.
Entonces, el trueque del gobierno estatal, de estabilidad y más presupuesto a cambio de cero democracia y menos participación de los sectores universitarios en las decisiones fundamentales de la Unison, como no intervenir en el nombramiento del Rector, a cargo de la Junta Universitaria, cuyos integrantes no conocían ni el domicilio ni la ubicación del Alma Máter, es inverosímil y políticamente insostenible.
En ese contexto, vale la pena un esfuerzo legislativo y un acuerdo plural e incluyente para dictaminar a la brevedad, con la opinión y las visiones de todos los actores políticos y sectores universitarios, la impostergable reforma orgánica de nuestra Alma Mater, como una señal inequívoca de que, hasta en tanto no lo hagan, la democracia sonorense sigue incompleta mientras no pase por la Universidad de Sonora.
Salud.
Abogado Consultor. Fue Consejero Universitario alumno por la Escuela de Derecho . Director Jurídico del Congreso del Estado. Secretario Ejecutivo y Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ciudadana del CPC del SEA.
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