Copenhague, 27 nov (EFE).- El Gobierno danés se mostró este viernes favorable a clausurar las fosas comunes de visones sacrificados por una mutación de COVID-19 tras una petición de la mayoría del Parlamento por posibles consecuencias medioambientales.
Las autoridades danesas ordenaron hace tres semanas sacrificar a los cerca de 15 millones de visones del millar de granjas del país, primer productor mundial, al detectarse una cepa del virus que debilitaba la capacidad de crear anticuerpos y podía comprometer la eficacia de las futuras vacunas.
-Anuncio-Aunque parte de los animales han sido incinerados, las autoridades habilitaron dos fosas comunes en instalaciones militares al oeste del país para poder acelerar el proceso.
El hallazgo de que algunos visones habían sido enterrados a menos de los 300 metros de distancia de un lago marcados por la Dirección de Medioambiente y las imágenes de cientos de animales que salieron a la superficie por efecto de los gases provocaron que la oposición y uno de los aliados del Gobierno exigieran su desentierro y traslado.
“El deseo de mover a los visones e incinerarlos lo he tenido desde el primer día”, dijo hoy al canal TV2 el Ministro de Agricultura, Rasmus Prehn, que asumió el cargo hace una semana por la dimisión del anterior titular por una disputa sobre la legalidad de una orden para sacrificar a todos los animales, no solo los infectados.
-Anuncio-Prehn señaló no obstante que Medio Ambiente ha advertido de las complicaciones del traslado y aseguró que se están estudiando “varias posibilidades”, además de convocar a todos los partidos a una reunión técnica el próximo lunes para estudiar el asunto.
EL GOBIERNO ADMITE ERRORES EN LA LOCALIZACIÓN DE LAS FOSAS
En una comparecencia parlamentaria celebrada poco antes, la Ministra de Medio Ambiente, Lea Wermelin, lamentó los “errores” cometidos al enterrar a algunos visones sin respetar la distancia exigida, pero aseguró que no había peligro de contaminación del agua por el nitrógeno y fósforo emitido por los cadáveres.
-Anuncio-“A todos nos gustaría haber evitado esta situación, pero las autoridades han tenido que gestionarla y hubo un problema con la capacidad de incineración”, señaló Wermelin.
Aparte de clausurar la industria peletera, que emplea a unas seis mil personas en el país, la decisión del Gobierno ha desatado una tormenta política en la que la oposición exige más dimisiones y cuestiona la responsabilidad de la Primera Ministra, Mette Frederiksen.
El Parlamento danés todavía no ha consensuado el carácter y el alcance de una comisión investigadora sobre el caso, mientras queda también por fijar la cuantía de la indemnización a los productores afectados, que ya han protagonizado varias manifestaciones de protesta en todo el país.
